Condenan a un año y diez meses a dos ex presidentes de la Junta Vecinal de Alija de la Ribera

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia considera, sin embargo, que «no ha quedado probada» la participación en este delito del tercer acusado Miguel Pérez, que fue secretario de esta Junta Vecinal, quien fue absuelto al no existir prueba alguna que desvirtúe su presunción de inocencia. El tribunal condenó a un año y diez meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para cargo público a cada uno de los otros dos acusados y a pagar solidariamente a la Junta Vecinal de Alija 21.430 euros, además de los intereses. Los magistrados de esta Sección Segunda consideraron hechos probados que los dos pedáneos, Ferrero, de 1987 al 1991, y Pérez, de 1991 a 1995, desviaron estos 21.430 euros pertenecientes a la aludida Junta Vecinal y los aplicaron a «usos propios y por tanto con ánimo o intención de beneficiarse». En los fundamentos de derecho, el tribunal explica que la convicción de culpabilidad de ambos acusados las ha obtenido a partir de las pruebas documentales suministrada por los propios querellados, consistentes en facturas, recibos, certificaciones y extractos bancarios. «Paradero del dinero» En estos documentos, consta que entre 1987 y 1995 la referida Junta Vecinal tuvo unos ingresos de 165.794 euros y que existe un desfase entre éstos y los gastos de 21.430 euros, sin que los acusados «sepan dar una explicación convincente» sobre el paradero de este dinero. El tribunal hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 1998, que establece que «no puede obligarse a la Administración a demostrar que los fondos no ingresados hayan sido aplicados a usos propios, porque sería casi siempre una prueba imposible».