La Diputación obligará a todos los municipios a ordenar su urbanismo

La institución provincial pretende que los 211 municipios de la provincia cuenten con normas urbanísticas propias, ya que actualmente únicamente los grandes núcleos y no todas las cabeceras de comarca disponen de ellos. Medianos y pequeños municipios se rigen, de esta forma, por las normas subsidiarias provinciales que puso en marcha la Diputación en 1991 con el asesoramiento a los ayuntamientos por parte del SAM. Los populares del palacio de los Guzmanes organizaron ayer en el hostal de San Marcos las jornadas «El Urbanismo en los Pequeños y Medianos Municipios», en las que precisamente se puso de relieve la necesidad de que estos núcleos desarrollen «una clara definición del suelo para evitar la dispersión y los puntos genéricos de las normas provinciales, porque cada uno cuenta con sus propias peculiaridades», apuntó el responsable de las jornadas y vicepresidente primero de la Diputación, Juan Martínez Majo. Aseguró también que desde el palacio de los Guzmanes el Servicio de Asistencia a Municipios motivará a los ayuntamientos para que elaboren al menos una normas urbanísticas básicas. «Sobre todo para definir suelos industriales, crear áreas de asentamiento de empresas y redefinir el suelo rústico para albergar usos residenciales o de actividades económicas, además de la catalogación de la unidad de suelo o parcela mínima». Uno de los ponentes en las jornadas, el ex concejal de Urbanismo de León, Cecilio Vallejo, disertó sobre el planeamiento urbanístico y comentó que el hecho de que los municipios cuenten con un ordenamiento «no limita su crecimiento, sino que favorece el desarrollo». Igualmente, destacó que un planeamiento bien diseñado «cuida el desarrollo sostenido, el respeto al medioambiente y al patrimonio de cada pueblo, además de ayudar al asentamiento de la población y su crecimiento más racional». Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, encargado de clausurar las jornadas, manifestó la complejidad del ordenamiento urbanístico. «Tiene que ser capaz de generar calidad de vida entre los espacios públicos y sus habitantes». Igualmente, consideró que redunda en el desarrollo sostenible y en la propia transformación del tejido rural. «También tiene que procurar la lucha contra la despoblación e incentivar el asentamiento de nuevos moradores», recalcó Silván, quien resaltó el compromiso de la Junta.