Los daños del patrimonio coparán la actividad del Consejo Consultivo

Seis de cada diez dictámenes que emita el Consejo Consultivo de Castilla y León estarán relacionados con daños que ocasione el patrimonio público y reclamaciones relacionadas con el servicio sanitario, según las previsiones que maneja la presidenta de este nuevo órgano, María José Salgueiro, sobre la base de las estadísticas de su organismo predecesor, el Consejo de Estado. Salgueiro presentó ayer en León el Consejo Consultivo en compañía de dos de los cinco consejeros del pleno: el catedrático leonés de Derecho Civil Javier Fernández Costales y el ex-presidente de la Junta de Castilla y León José Constantino Nalda. Este organismo, que comenzó a funcionar el pasado 14 de noviembre, elaborará dictámenes jurídicos que serán preceptivos en asuntos tales como anteproyectos de ley, recursos de inconstitucionalidad, reformas del Estatuto de Autonomía, reclamaciones por responsabilidad patrimonial, modificaciones de planes urbanísticos o modificaciones, creaciones o supresiones de términos municipales, entre otros. Lo que diga el Consejo Consultivo es especialmente relevante en la revisión de oficio de actos administrativos, donde su dictamen es vinculante, mientras que en otros casos, como el de los anteproyectos de ley, el Ejecutivo debe hacer constar en el proyecto definitivo si ha tomado en cuenta o no las recomendaciones de este organismo compuesto por profesionales del derecho con una amplia trayectoria profesional nombrados por las Cortes y el Ejecutivo, y por aquellos ex-presidentes de la Junta que lo soliciten, como hasta la fecha ha hecho José Constantino Nalda. Además de estos casos en los que el dictamen del Consejo Consultivo resulta obligado, existen otros casos en los que su consulta es facultativa; es el caso de las administraciones locales, cuyas corporaciones pueden acordar en pleno solicitar asesoramiento a este organismo jurídico cuando consideren que la trascendencia de un asunto así lo requiera. Plazos de respuesta cerrados Salgueiro destacó dentro del Reglamento del Consejo Consultivo el hecho de que este organismo tenga un plazo cerrado de un mes para emitir su dictamen a partir del momento en que un expediente es admitido a trámite, algo que a su juicio sirve para garantizar su agilidad. Estos plazos sólo podrán ampliarse en quince días cuando el asunto a tratar sea lo suficientemente complejo, o también acortarse en quince días en el caso de que se trate de una cuestión urgente. En cuanto a la organización del Consejo, la presidenta destacó que está compuesto por un pleno, del que forman parte cinco consejeros electos y uno nato (el ex-presidente de la Junta José Constantino Nalda), además de ella misma y el secretario, así como dos secciones (el Reglamento permite ampliarlas hasta cinco), de las que forman parte todos los consejeros, y entre las que se reparte el trabajo por materias y de forma que se intenta distribuir equitativamente entre ambas el número de expedientes.