Los sindicatos reclaman a la Junta y al Estado que ponga freno al empresario

Los sindicatos mineros de UGT y CC.OO. exigen a las administraciones autonómica y central que intervengan y pongan freno a las últimas actuaciones del macroempresario minero Victorino Alonso, quien en los últimos veinte días ha despedido a catorce trabajadores, ocho miembros de comité de empresa, del sector Velilla (Palencia) de Uminsa. La sorpresa anteayer por la carta enviada a seis mineros de los pozos de la provincia vecina se convirtió en una frenética actividad para que el propio consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, citara al propio Alonso y a los agentes sociales para mediar en el conflicto y tratar de que la Junta convenza al patrono de que retire los catorce despidos y negocie con los sindicatos la vuelta a unas relaciones normales. A última hora de ayer la Junta parecía dispuesta a citar a las partes, pero se encontraban con dificultades de agenda en Alonso, que además de tener hoy consejo de administración de MSP tampoco había confirmado si estaba dispuesto a asistir o en qué condiciones, según informaron los sindicatos. CC.OO. y UGT también pretenden que la máxima autoridad estatal en materia de minería del carbón, el secretario de Estado de Energía, José Folgado, se implique en el asunto. De hecho pretenden -para lo que cuentan con el apoyo del resto de compañeros sindicalistas en este órgano- que la comisión de seguimiento del Plan del carbón que se celebra el lunes en Madrid aborde de forma extraordinaria y como primer asunto lo que consideran un «gravísimo problema». Ambas organizaciones recuerdan y apuntan por separado que Alonso controla el 605 de la minería del carbón de Castilla y León y una cuarta parte de la española, tanto en plantilla como en producción y ayudas públicas. Precisamente este es uno de los argumentos que se esgrimen para que la Administración tome medidas. Manuel López, secretario regional de FIA-UGT, apunta que Estado y Junta «no pueden pasar de puntillas; esto no es un problema laborar sólo: le dan muchas ayudas para el mantenimiento del empleo y no pueden permitir que despida a trabajadores. Dado que hablan de que siempre defienden la minería, a quien representa el 60% de la región no se le puede permitir lo que está haciendo». «Es un sector protegido con ayudas, y lo es por el empleo», apostilla López. Su homólogo en la FM-CC.OO., Pedro Monasterio, señalaba que Alonso, sólo en el último año, «ha recibido 127 millones de euros en ayudas al funcionamiento del Estado y en los últimos cuatro más de 21 de la ley de actuación minera de la Junta, más las del Plan del carbón a empresas no mineras» de su emporio industrial. «Esto es una provocación y tienen que verlo la Administración», añade. Manuel López también recordaba que en la última reunión con Folgado este «sólo dijo que tomaba nota y no ha hecho nada». Tanto él como Monasterio concluyen por separado en que sólo cabe pensar que de momento al Gobierno le conviene que los mineros «quemen sus naves» en un conflicto laboral que haga olvidar que se está dilucidando el futuro del sector en Madrid; y que Alonso pretende utilizar la conflictividad laboral para presionar y lograr una buena posición en la reserva estratégica, acorde a sus pretensiones. «Recibe 127 millones en ayudas del Estado y 21 de la ley minera de la Junta, más las del Plan del carbón a empresas no mineras» PEDRO MONASTERIO Secretario regional de FM-CC.OO.