La Junta no tramitó el 64% de los ceses agrarios anticipados del 2003
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León no tramitó 297 de los 459 expedientes de cese anticipado presentados durante el año pasado en la provincia de León. Esto supone que el 64% de los agricultores y ganaderos que pretendieron dejar la actividad en el 2003 se quedan en un limbo administrativo en el cual no pueden ejercer la actividad con normalidad ni abandonarla, debido a los retrasos administrativos de la Junta de Castilla y León. Por este hecho -que se agrava cuando se comparan con los datos de la comunidad autónoma, donde no se han resuelto 572 de las 990 peticiones de cese anticipado, lo que supone el 57,7% del total de las mismas- la Unión de Campesinos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag) denuncia que «casi la mitad de las solicitudes presentadas en el 2003 a esta línea de ayudas van a ser denegadas». Falta de fondos La Coag ha solicitado información a la Administración autonómica del estado de las resoluciones y, según un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, la Consejería de Agricultura «sólo va a poder hacer frente al 42% de estas solicitudes (418), como consecuencia de la falta de fondos» que ya denunció la organización agraria cuando se hicieron públicos los presupuestos que se habían determinado para las medidas de acompañamiento dentro de la Política Agraria Común entre los años 200 y 2006. La Junta de Castilla y León considera los expedientes aprobados como «priorizados» y los que quedan pendientes como «sin priorizar», sin tener en cuenta que aquellos que pasan de un año a otro se anulan y los agricultores o ganaderos tienen que volver a solicitar el cese anticipado. Esta situación se viene produciendo desde hace años en León y en Castilla, con lo que complica sobremanera la regeneración del sector, ya que al no aprobarse estos ceses anticipados los jóvenes no pueden aprovecharse de las ventajas que ofrece en el traspaso de cupos a la reserva autonómica e incluso hacerse cargo de las explotaciones de sus parientes en primer grado. La Junta de Castilla y León sólo ha reconocido problemas en el programa informático que gestiona las ayudas -que ocurrieron durante dos años seguidos-, pero jamás de presupuesto. Validación para el 2004 Ante este problema, la Coag ha planteado a la directora general de Industrialización y Modernización Agraria, Carmen Suárez, la posibilidad de que se valide para la convocatoria del 2004 la documentación presentada en el 2003 de las solicitudes que no se hayan aprobado. Para ellose debería presentar la correspondiente petición para este año en curso con el compromiso de actualizar los datos por parte de los campesinos que continúen acogiéndose a esta línea de ayudas.