Casi el 17% de los pisos de la provincia permanecen aún sin habitar
De las más de 206.000 viviendas que permanecen vacías en Castilla y León, 46.000 corresponden a León, lo que supone el 22,4% del total. Además, de las más de 276.000 que se contabilizan en la provincia, un 16,7% están sin habitar, fundamentalmente en la capital. Por todo ello, una vez que se apruebe el decreto de la Consejería de Fomento, actualmente en fase de información jurídica, la Junta firmará un convenio con la sociedad Gical, que será la encargada de gestionar este novedoso sistema, sólo comparable con una iniciativa semenjante que ya ha sido probada y puesta en marcha en el País Vasco. Uno de los pocos aspectos negativos, sino el único, que tiene esta iniciativa es que roza las competencias de los agentes inmobiliarios, lo que ha levantado cierta inquietud en este sector, según explican desde la propia Consejería. No obstante, el principal objetivo de esta nueva normativa no es arrendar los pisos que actualmente están en el mercado inmobiliario de alquiler, sino precisamente atraer a este mercado a todos aquellos propietarios que son reacios a alquilar sus viviendas vacías. «No pretendemos hacer una competencia desleal a los profesionales del sector, sino que, una vez que han pasado por nosotros, muchas de estas viviendas entrarán en el mercado de alquiler habitual», explican fuentes de este departamento. De hecho, la iniciativa va dirigida exclusivamente a pisos que permanezcan vacíos por su estado de deterioro o a aquellos nuevos que nunca hayan sido alquilados por el temor de sus propietarios. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León se mostraron interesados en alcanzar en el futuro alguna forma de colaboración con los agentes inmobiliarios. Ventajas fiscales Otra cuestión que también se está estudiando es la posibilidad de que los propietarios puedan obtener ventajas fiscales de estos alquileres, puesto que, al realizarse en forma de cesión (la Junta es la que alquila), no pueden desgravar como arrendadores. Entre las fórmulas que se barajan, -aunque todavía no hay nada definitivo- está la de convertir a la Administración en sub-arrendadora y al propietario en el arrendador, en lugar de simple cesionario.