Encerrados en pro de la justicia

Se levantan temprano, hacia las siete, sin dar tiempo a que suene el despertador. Arreglan el improvisado dormitorio para convertirlo en sala de estar, comedor, salón, en una habitación multiusos donde las horas parecen eternas. Se asean, desayunan y se disponen a iniciar un nuevo día de encierro. Y ya ha empezado el número 15. Escudriñan la prensa diaria con avidez, aunque sin prisa, para comprobar de primera mano la repercusión que está teniendo su protesta. En el balcón del Ayuntamiento de Guardo, una pancarta continúa solicitando la readmisión de los trabajadores despedidos y recordando que la mitad de ellos, los miembros del comité de empresa de Unión Minera del Norte (Uminsa), han hecho de su causa un reto personal: se han privado del bien más preciado del hombre, la libertad, para conseguir presión social y, finalmente, justicia. «El objetivo inicial del encierro era la readmisión de los 16 trabajadores despedidos y lo mantendremos al menos hasta que venga la empresa o la administración y nos demuestre que hay unas bases sentadas para la negociación», explica Vidal San Juan, presidente del comité de empresa y delegado sindical por Comisiones Obreras. Siguen convencidos de que la suya es una causa justa, pero se sienten solos, aunque reciben diariamente la visita de amigos, compañeros y familiares que les muestran su apoyo y les traen comida, bebida y noticias. Aún así, «el día se hace difícil» y duermen mal por la «tensión acumulada», admite Vidal. Junto a él permanecen «aguantando marea» otros siete sindicalistas de los que la empresa minera Uminsa prescindió tras acusarles de promover un paro ilegal en el grupo el pasado 23 de octubre, «huelga perfectamente legal, porque estaba convocada en tiempo y forma», según Juan Bautista Ordóñez, otro de los afectados. El 7 de enero, la empresa despidió a otros seis trabajadores, lo que supuso «la gota que colmó el vaso» y fue el impulso para que los miembros del comité decidieran iniciar su encierro el 12 de enero. Un día después, otros dos mineros fueron prejubilados, por lo que hasta el momento son 16 los afectados por este conflicto laboral. El enfrentamiento de la empresa minera, propiedad de Victorino Alonso, con el comité comenzó, según los sindicalistas despedidos, poco después de empezar a ejercer como representantes de los trabajadores. «Se negaban a firmar las actas de las reuniones, que trataban sobre el día a día de la empresa, sobre asuntos como las categorías, las herramientas o la seguridad», aunque la exigencia empresarial que provocó la convocatoria de huelga fue la ampliación de la jornada en un cuarto de hora «que se impuso sin negociación alguna», explica Juan Bautista. Cuando a la disolución del comité de empresa se añadió el despido de otros seis trabajadores, los sindicalistas vieron en este gesto «la demostración de que esto iba más allá de un conflicto laboral».