UGT exige a la Junta una solución rápida al conflicto de San Juan de Dios

UGT solicitó ayer la mediación de la Junta de Castilla y León para intentar negociar con la dirección del hospital San Juan de Dios el convenio colectivo de los trabajadores puesto que tienen congelada la antigüedad desde el año 2001 y no han visto subido su sueldo. El responsable de Acción Sindical de UGT, Nicolás Sanz, explicó que si no hay cambio de actitud por parte del gerente del centro sanitario, que se niega a dialogar desde hace semanas, «exigiremos la intervención de un árbitro, de la autoridad laboral en Castilla y León» para que medie en este conflicto. Una intervención que correrá a cargo del Servicio de Relaciones Laborales, el Serla y ante el viceconsejero de Trabajo, Raimundo Torio, después de que no prosperara la mediación del director de la oficina territorial de Trabajo en León, Franciso Javier Otazu. «Queremos que la orden de San Juan de Dios clarifique cual es el futuro que tiene pensado para el complejo hospitalario», señaló Sanz, unas explicaciones que tendrán que dar a todos los partidos políticos que se han comprometido a solicitar información al hospital y llevar esta cuestión a las Cortes de Fuensaldaña. Amenazas Por su parte el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Máximo Ferrero, lamentó la situación de «enconamiento» de posturas existente en las conversaciones. Ferrero reprochó en una rueda de prensa a la dirección del Hospital, cuya plantilla está compuesta por 217 trabajadores, su postura de «intransigencia» y su negativa a retirar la congelación salarial que los empleados del centro sufren desde el pasado año 2000. El sindicalista criticó a la empresa por pretender «romper la negociación colectiva» y acusó a su gerente, Ramón Castejón, de recurrir a «amenazas» con el fin de que los trabajadores suscriban «uno a uno y en su despacho» la oferta de mejora salarial que plantea la dirección. Censuró que el gerente del Hospital, al que en torno a un noventa por ciento de sus pacientes acuden derivados de la sanidad pública, actúe «dejando los derechos de los trabajadores a la altura del barro». Rechazó los argumentos expuestos inicialmente por la empresa y que aludían a «dificultades económicas» para acceder a las pretensiones salariales de los sindicatos y, en este sentido, reiteró que el pasado ejercicio este Hospital, propiedad de una orden religiosa, registró un superávit de un millón de euros. Además, Máximo Ferrero criticó el hecho de que se baraje una inversión de 9,1 millones de euros para la ampliación del hospital, cuyos terrenos ya ha recalificado el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.