El PSOE acusa a Silván de utilizar a las víctimas de violencia doméstica

La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León Elena Pérez acusó ayer al Gobierno autonómico (PP) de «usar el dolor y el rechazo de la sociedad» a la violencia de género («terrorismo machista», según sus propias palabras) con fines electoralistas, al vender como gran novedad de su programa de ayudas a la vivienda una línea específica para las víctimas de la violencia doméstica. Elena Pérez explicó que el portavoz de la Junta de Castila y León y también consejero de Fomento, Antonio Silván, «mintió» el paado viernes cuando aseguró que estas víctimas, ya fueran hombres o mujeres, recibirán por primera vez estas ayudas, ya que en convocatorias anteriores «estaban incluidas dentro de las partidas dirigidas a colectivos desfavorecidos o en peligro de exclusión social». «Estoy muy enfadada como persona y como mujer. No todo vale en política y este anuncio denota falta de ética y de moral por parte del Partido Popular», afirmó la procuradora socialista, quien añadió que ante las elecciones a los populares «les tocaba hablar de las mujeres maltratadas, lo mismo que podrían haber elegido a los inmigrantes o a despedidos de una industria». Elena Pérez manifestó que la única forma para garantizar una vida digna a estas víctimas de violencia doméstica es buscándoles un empleo y facilitándoles realmente el acceso a una vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler. «El Partido Socialista exige a la Junta de Castilla y León la contratación de vivienda pública para las mujeres víctimas de malos tratos», afirmó la procuradora. Al respecto, acusó al Gobierno autonómico de abandonar la construcción de vivienda pública, puesto que, según sus datos, este año sólo se van a llevar a cabo 240 viviendas para toda Castilla y León. Más centros de asistencia Asimismo, Elena Pérez solicitó la potenciación de la Red de Centros de asistencia a mujeres víctimas de malos tratos, ya que únicamente existen en la comunidad tres centros de emergencia, donde pueden estar un máximo de 12 días, 17 casas de acogida (6 meses) y tres pisos tutelados (1 año). Así, aclaró que la resolución de las ayudas a este colectivo tardará un mínimo de 10 meses, lo que demuestra la ineficacia de la línea puesta en marcha por la Junta. Por último, la procuradora socialista también remarcó que las ayudas establecidas por el Ejecutivo regional para la adquisición y alquiler de vivienda «son ridículas». En este sentido, Elena Pérez recordó que para alquiler se han presupuestado 1,8 millones de euros, para 3.000 personas, lo que da una media de 600 euros de ayuda al año, «cuando los alquiler están a 100.000 pesetas al mes», dijo. Igualmente, explicó que para adquisición se han reducido las partidas en comparación con 2003 en un millón de euros, al pasar de 24,4 millones a 23,6. «Con estas cifras es imposible paliar los problemas de vivienda», sentenció.