UPL afirma que el pacto de gobierno en Villaquilambre sólo fue por los sueldos

El pacto de gobierno entre los tres ediles del PP en Villaquilambre y los seis liderados por Miguel Hidalgo «se basó exclusivamente en salarios millonarios», según aseguró ayer la UPL. Los leonesistas consideran «excesivo y un abuso» que el nuevo alcalde se haya fijado un sueldo de 55.000 euros anuales, y la primera teniente, Maribel Lorenzana, de 30.000 euros, para gestionar una localidad de 12.000 habitantes. Esa cantidad sitúa a Hidalgo, según la UPL, casi al nivel de retribuciones «del presidente de la autonomía, del de la Diputación leonesa y por encima del alcalde de León». Los leonesistas están realizando un estudio para comprobar cuántos alcaldes españoles de municipios con el mismo número de censados que Villaquilambre perciben 55.000 euros al año. Según el secretario regional de la UPL, Joaquín Otero, «no hemos encontrado ni un solo regidor que cobre esa cantidad en los cien primeros pueblos que hemos examinado». Por eso, el partido ha registrado una pregunta en las Cortes para que Juan Vicente Herrera valore la situación de Villaquilambre en el pleno que se celebrará el martes y el miércoles de la próxima semana. El ex alcalde del municipio, Lázaro García Bayón, que fue censurado por los concejales que ahora forman el equipo de gobierno, matizó que «la moralidad y la ética de Hidalgo vuelve a quedar de manifiesto con estas medidas, las primeras que aprobaron según han llegado al poder». «Aseguraron -recordó- que el Ayuntamiento estaba enfermo y, por eso presentaron una moción para el ahorro en la que recortaron los salarios de la UPL. Ahora, los multiplica por tres demostrando que las arcas no estaban tan mal como querían acusarnos y que su única ambición es enriquecerse». El teatro Por otra parte, la UPL pidió responsabilidades al PSOE al tener «fundadas sospechas» de que la expulsión de los seis ediles de la agrupación socialista de Villaquilambre por presentar una moción de censura con el PP contra UPL fue «un mero teatrillo para contentar a la UPL y que no hubiera ningún tipo de repercusión en el Ayuntamiento leonés». Otero argumentó que tres de esos supuestos expulsados -Santos Martínez, Ana Vicente y Javier Martínez- actuaron como interventores en el municipio el pasado domingo. «Cómo es posible que después de expulsar del partido a alguien se le permite nada más y nada menos que ser interventor por este partido, una figura importante en las elecciones, teniendo en cuenta que se les expulsó por defraudar los intereses del partido», se preguntó.