El fiscal pide 6 años de cárcel por una estafa millonaria a varios bancos
El fiscal solicitará para J.M.O. una pena de seis años de prisión por un supuesto delito de estafa continuada y otro de falsedad de documento mercantil y una multa de 4.320 euros, según consta en el escrito de la Fiscalía que también solicitará ante el tribunal una pena para la esposa de este acusado de dos años de prisión y multa de 5.760 euros por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Los hechos se remontan a los años 1996 y 1997, cuando el acusado, a sabiendas de la crisis económica que presentaban las empresas que gestionaba, dedicada a la producción, venta y comercialización de lácteos y derivados, y solicitó a varias entidades bancarias, mediante préstamos y créditos concertados, 1,2 millones de euros. Para ello, el acusado aprovechó supuestamente la aparente solvencia de las empresas así como la confianza que en su persona venían depositando las entidades financieras Banco Santander Central Hispano, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y Banco Atlántico, según la misma versión. El acusado consiguió supuestamente 666.694 euros de los anteriores bancos mediante el procedimiento de «descuento de recibos y papel comercial», descuentos que resultaron ser «ficticios» y «confeccionados» presuntamente por el acusado con el «fin de aparentar crédito». El acusado, mediante las dos vías de financiación, obtuvo la cantidad líquida de 1,9 millones de euros. Según detalla el fiscal, el acusado era el administrador de la empresa Mantequerías Lorenzana y de Queserías La Antigua, participada ésta última en un 95 por ciento por la primera, representada por el acusado, y en un 5 por ciento por el propio acusado. En cuanto a la esposa, E.O., según considera el fiscal, ambos habían pactado presuntamente régimen de separación de bienes, con conocimiento de la situación y marcha económica de las dos empresas. La acusada, que resultó ser deudora de las entidades bancarias citadas por haber intervenido como fiadora personal solidaria en las pólizas de crédito y préstamo a favor de las dos empresas, vendió el bien privativo de mayor valor de su patrimonio, un chalé en Madrid, con el fin de evitar las acciones ejecutivas de los acreedores. En el concurso de acreedores, el Banco Atlántico logró cobrar 16,7 millones de euros. El fiscal, pide indemnizaciones millonarias para distintos entidades bancarias que ejercen la acusación particular.