Bruselas autoriza los incentivos que Castilla y León concedió en el 2001 y 2002

La Comisión Europea (CE) decidió ayer cerrar el procedimiento abierto contra la Junta de Castilla y León por el que ponía en entredicho la legalidad de las ayudas que había concedido durante los años 2001 y 2002 a las empresas carboneras para la mejora del medio ambiente, la formación, el desarrollo tecnológico y la investigación en materia de minería. «La ayuda es compatible con el correcto funcionamiento del mercado interior», porque su objetivo «es mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del trabajo en las minas e introducir mejoras tecnológicas con miras a la mejor explotación» de los pozos, argumenta ahora Bruselas, cuyas instituciones comunitarias pusieron en febrero del año pasado en entredicho que las subvenciones de la Ley de Actuación Minera de la comunidad autónoma fueran compatibles y no se solaparan con las que el Estado da al funcionamiento. Entonces se desconfiaba que fueran ayudas indirectas a la operatividad habitual de las empresas, cuyos máximos autoriza anualmente Bruselas y paga el Estado. Respecto a las medioambientales, se aceptan también los criterios de las alegaciones de la Junta, que argumentaba que se buscaba favorecer determinadas actuaciones para adaptarlas a las cada vez más duras normas comunitarias; «o a la superación» de las mismas, reconoce ahora la Comisión, que añade que también se destinaron a sanear instalaciones mineras «contaminadas». Respecto a las destinadas a formación, reconoce que se encaminaron a mejorar la cualificación de la mano de obra para reducir la accidentalidad. Bruselas sólo pone una salvedad: que no se notificaron en tiempo y forma y no hubo autorización de la Comisión como es preceptivo, si bien «cree que se ajustan a la normativa» y ha decidido aprobarlas. La Junta siempre ha defendido que sí y argumentó que ante la falta respuesta las dio como válidas y sin objeciones europeas por silencio administrativo. Para el futuro Por otra parte, la CE aprovechó para incluir en el expediente la aprobación de dos millones de euros más hasta el 2007 por los mismos conceptos. La Junta aprovechó el procedimiento para incluir esta partida, que formará parte de la próxima Ley de Actuación Minera que aprobará el ejecutivo autonómico en breves fechas.