El juicio del caso hormigón se inicia en Ponferrada el 24 de mayo

El 28 de abril de 1996 una explosión dañó el camión y la caseta de mezclas de la planta de hormigón que el empresario astorgano Gumersindo Castro acababa de abrir en Las Ventas de Albares. Era el primero de los seis sabotajes que sufrieron sus intereses empresariales y el domicilio familiar hasta el 29 de enero de 1999. A partir de esta fecha, una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapa la presunta implicación de otro empresario, José Martínez Núñez, competidor en el negocio del hormigón. Ocho años después del primer sabotaje, el caso del hormigón será juzgado en Ponferrada los días 24, 25 y 26 de mayo, según un auto de la juez de lo Penal, Ana Belén San Martín. Los acusados son José Martínez Núñez, los dueños de la agencia de detectives D'Ajenti, José Manuel y Timoteo Pintado Palomo, y dos de sus ex trabajadores, José Villanueva (condenado por la muerte de dos personas ajenas a este caso) y Gustavo Alonso Melcón. La magistrada rechaza un careo entre José Villanueva y un testigo protegido que fue quien proporcionó la primera declaración sobre la presunta intervención de la agencia de investigación por encargo del empresario berciano. «No ha lugar -subraya el auto- al existir otras pruebas para comoprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados». Tampoco admite otra prueba documental que solicita la defensa de Villanueva, en concreto, que el Centro Superior de Investigaciones Científicas realice un estudio pericial alternativo al que hizo en su día un departamento especializado de la Benemérita. No más pruebas caligráficas La defensa exigía un segundo análisis caligráfico de una carta que determinó la investigación y que fue aportada, en noviembre de 1999, por la viuda de un ex empleado de la agencia D'Ajenti. El venezolano Rafael Wolfang Pérez Álvarez había aparecido ahorcado en su domicilio de León ese mismo verano, después de regresar de un viaje a su país. En la carta, escrita de su puño y letra antes de emprender este viaje, según el informe de la Guardia Civil, revela que él mismo participó en la acción perpetrada contra el domicilio de Gumersindo Castro en Astorga en 1999. El caso del hormigón fue remitido hace poco menos de un mes al Juzgado de lo Penal de Ponferrada, un año después de que el juez instructor dictara el auto de apertura del juicio oral. El magistrado fijó una fianza de 32.416 euros para garantizar la responsabilidad económica antes de que se celebrara la vista oral. Veinte meses de multa El fiscal considera los sabotajes a Sindo Castro como un delito continuado de daños y solicita una condena de 20 meses de multa para cada uno de los cinco acusados o, lo que es lo mismo, unos 10.800 euros. En la práctica, esta pena se puede liquidar con una cuota diaria de 18 euros. El instructor desestimó en su día la petición de Sindo Castro para que el caso considerara que hubo intento de homicidio o delito de incendio en la última acción de que fue víctima en enero de 1999. Esta circunstancia ha motivado que el juicio oral se celebre en un Juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia Provincial. La acusación insistirá en el inicio del juicio oral en su calificación con el propósito de que la magistrada la considere y valore su inhibición en favor de la Audiencia. Pide 18 años de prisión por el intento de homicidio y 144 meses de multa por los daños. El auto de apertura del juicio oral señala que los hermanos Pintado Palomo, a través de la agencia que regentan en León, contrataban a personas como Rafael Wolfang, José Villanueva y Gustavo Alonso Melcón para hacer los sabotajes en los que utilizaban «explosivos o mezclas de gasolina para producir incendios». La finalidad -añade el escrito judicial, de febrero del 2002- era paralizar la producción de hormigón en las plantas de Castro y forzar al empresario competidor a «abandonar su actividad en la zona del Bierzo». En el juicio también comparecen tres compañías aseguradoras que exigen 100.000 euros por los daños ocasionados.