España tiene un mes para que la UE no declare ilegales las ayudas a la minería

España tiene un mes desde hoy para no tener que reclamar a las minas de carbón españolas las ayudas que les otrogó durante el 2003 y para convencer a la Comisión Europea de que las subvenciones al funcionamiento, a la reducción de actividad y a la cobertura de costes excepcionales derivados de la reconversión minera durante el año pasado, y las previstas para 2004 y 2005, se amoldan al reglamento de ayudas que entró en vigor en el 2002 quien fija un nuevo marco hasta el 2010 para reestructurar el sector y garantizar el acceso a unas reservas destinadas a garantizar el autoabastecimiento energético. Durante el 2003 las minas españolas percibieron casi 404 millones de euros en ayudas, de los que 183,6 recayeron en las leonesas. Bruselas abrió ayer un procedimiento de investigación formal a España en base al documento provisional por el que España se adhería al reglamento en diciembre del 2002 y en el que sólo estipulaba la cuantía total de las ayudas, las empresas que las percibirían y el concepto. La previsión era estimativa, sin detallar una a una, con costes, empleo, producción y subvenciones cada unidad de producción ni qué pozos deberían cogerse al cierre en el 2007 o cuáles y por qué formarán parte de la reserva estratégica hasta el 2010. Incumplimientos Además de un posible incumplimiento formal del desarrollo del reglamento de ayudas europeo, la Comisión entiende que el hecho de manifestar que las ayudas se reducirán desde el año base 2002 en un 4% hasta el 2007 para cada empresa no es suficiente garantía de la degresividad de las ayudas. Pero además, en el procedimiento, al que ha tenido acceso en u versión en inglés Diario de León, hace mucho hincapié en que empresas como las mineras de Endesa en Andorra, Encasur en Castilla-La mancha y Andalucía, Promotora de Minas de Carbón en esta misma comunidad, Antracitas de Gillón en Asturias o la propia Hunosa han incumplido sus planes de cierre al 2002, porque el Gobierno, con el reglamento europeo consideró unilateralmente que ya no tenían obligación; se pregunta si han seguido recibiendo ayudas. En estos mismos casos también pone serias dudas sobre si las ayudas al cierre se solapan con las de actividad, lo cual ahora es incompatible. Y lo más peligroso para León: no vale, según la argumentación del procedimiento, que se designen sólo las previsiones por empreas; han de hacerse pozo por pozo.