El grupo Angiolucci, propietario de las ópticas desde el 2001, cambia la estrategia de gestión
Navarro traslada a Madrid su centro administrativo tras 50 años en León
Las doce empleadas recurren el cambio de sede ante el juez por considerar que «no hay motivos» «No só
Una de las dos ópticas que Navarro gestiona en Ponferrada. En la ciudad de León posee otras cinco
El nuevo propietario de Navarro Ópticas, el grupo Angiolucci, ha decidido trasladar a Madrid el centro de administración de la empresa, implantado en León desde hace medio siglo. Tras despedir a cuatro trabajadores leoneses en los últimos nueve meses, el cambio de estrategia de los sicilianos afecta ahora a otras doce empleadas de la ciudad, que ayer presentaron un recurso en el juzgado de lo Social para intentar impedir el desmantelamiento del centro. León había sido hasta ahora el corazón de Navarro Ópticas, ya que la plantilla de administrativas gestionaba desde la ciudad las nóminas, la fiscalidad, el área mercantil y el control de las cincuenta tiendas que operan en España. La llegada de Angiolucci al accionariado de Navarro, en octubre del 2001, «ha ido, sin embargo, vaciando de contenido el centro de administración que ahora quieren centralizar en Madrid». La decisión es firme. El pasado 31 de marzo, las doce trabajadoras recibieron una notificación para que se incorporen a su nuevo puesto laboral en Madrid el próximo 3 de mayo. Según explica, lo que la compañía pretende «es conseguir doce despidos baratos, porque todas tenemos hijos, una vida asentada en León y cambiar, de la noche a la mañana, todo el planteamiento es complicado, más para algunas que llevan casi dos décadas en la casa». En la demanda, estas empleadas solicitan que se declare nulo el traslado a Madrid «porque no hay razones fundadas para la movilidad geográfica». Adiós al camión móvil Además, entienden que el trabajo que se hace desde León «es impecable y se ha mantenido con todas las direcciones generales que han ido pasando por la empresa». Los dos primeros despedidos leoneses, en el 2003, fueron los encargados de realizar las nóminas del grupo, un servicio que Angiolucci decidió externalizar. El juez declaró que eran improcedentes. Los otros dos despidos, el 19 de enero, afectan a los encargados de la unidad móvil, que recorrían los pueblos con una especie de mini-camión para graduar la vista a cientos de personas, sobre todo a los escolares.