Los agentes identifican a los supuestos agresores de los ediles de Santas Martas

El juez de la sección segunda de la Audiencia provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio contra los cinco acusados de agredir e insultar en el 2001 al secretario general de la UPL, Joaquín Otero, y a dos concejales de Santas Martas que iban a presentar una moción de censura contra el alcalde de la localidad. La vista oral se prolongó durante seis horas para oír el testimonio de una docena de testigos y el de los imputados, que negaron haber golpeado o proferido insultos a las tres víctimas aquel 18 de agosto, al mediodía. Es más, ninguno de los cinco reconoció haber visto ese día que se produjeran agresiones o que se profirieran amenazas e insultos hacia los que iban a desbancar con una moción al regidor socialista de Santas Martas. Sólo admitieron que antes del pleno se concentraron, junto a más de sesenta personas, a las puertas del Ayuntamiento y que se formó cierto tumulto al ver aparecer a la entonces teniente de alcalde, la leonesista Felicidad Agúndez, propuesta como alcaldesa si prosperaba la moción, y al popular Manuel Jesús González. «Todo se desarrolló dentro del respeto y sólo se les gritó fuera, fuera», indicaron al juez. Los motivos que llevaron a los acusados a concentrarse ante el Consistorio el día de autos fueron dispares. Judith L., que supuestamente agarró del pelo a Agúndez para impedirle la entrada al edificio municipal y que es hermana de una concejala socialista, indicó que se acercó «por pura voluntad y como gesto de apoyo al alcalde». Julio César F., edil del PSOE en una localidad cercana a Santas Martas, imputado por llamar fascistas a los guardias civiles e incitar a que les golpearan, fue, «aunque no conocía a nadie y estaba allí de fiesta, con el tambor y la gente cantando». Por salir en la televisión Javier José A. participó en la concentración «por conciencia», ya que, según dijo, su prima lejana Felicidad Agúndez «estaba quitando el dinero de las cartillas con el recibo de la basura y había que defenderse». Está procesado por dar una patada a su familiar. Otros, como Ignacio B., acusado de participar en los altercados y dar una patada al concejal del PP, acudieron para ganar su minuto de gloria. «Yo quería salir en la televisión, por eso me presenté, para que me vieran las cámaras». Francisco María R., lo hizo, sin embargo, «por curiosidad y porque estaba en contra de la moción». Está imputado por dar supuestamente un puñetazo a Otero y tirarle las gafas. Una escena clara Las manifestaciones de inocencia de los cinco acusados cayeron por tierra, sin embargo, al ser reconocidos con claridad por los agentes de la guardia civil y por las víctimas como los presuntos autores de las lesiones y los insultos. Otero declaró durante cuarenta minutos y aseguró que tiene «la escena de aquel día clara, porque el señor que me agredió vino hacía mí en cuanto desde el principio y estuvo increpándome hasta que me dio». También insistió en que la manifestación «estaba perfectamente orquestada y organizada para intentar impedir la moción». Tras la vista, el fiscal elevó a definitiva la petición de un año de prisión por un delito de atentado para Judith L., Juan José L., y Juan Ignacio B., que también suman una falta de lesiones con multa de 560 euros en un mes. Francisco R.R. también lo considera como autor de una falta de lesiones, con la misma pena, y a Julio César F. le pide 180 euros de multa por un delito de desorden público. La acusación particular mantuvo la petición de dos años de prisión para los tres acusados del delito de atentado y de cuatro para Francisco R.R., siendo la única modificación que incluyó la inhabilitación para cargo público durante el tiempo que dure la condena para Judith L., concejal del PSOE en el Consistorio de Santas Martas en esta legislatura. Por su parte, las defensas de los cinco acusados solicitaron la libre absolución de los acusados.