El PSOE tacha la orden de Directores de la Junta de «arbitraria y retrógrada»

Los socialistas cuestionan la efectividad de la orden por la que la Junta decidirá los nombramientos de directores de centros públicos de enseñanza, a la que vaticinan numerosos problemas. Sobre esta cuestión, -origen de críticas desde el sector sindical- se manifestaron Ignacio Robles, procurador socialista por León, y Enrique Pardo, coordinador sectorial educativo del PSOE leonés, que aludieron a principios fundamentales de la Constitución (recogidos en el artículo 27) que no respeta esta norma. Ignacio Robles, portavoz socialista de Educación en el parlamento autonómico, calificó la aplicación de la selección de directores como «la más retrógrada» de todas las publicadas por otros gobiernos de autonomías. Y resumió así la postura contraria de su partido: «Primero, porque hasta ahora a los directores los elegía el consejo escolar; ahora se decidirá por parte de cinco personas, tres de ellas elegidas por la Junta; no se da posibilidad de voto a los alumnos, con lo que produce a nuestro entender una violación del artículo 27 de la Constitución; la norma se trata de un claro concurso de traslados encubierto; cada candidato puede optar a cinco centros distintos de dos provincias». Y auguró Robles: «Ya veréis que hay centros rurales a los que no concurrirá ningún candidato». El procurador socialista esgrimió, también, el sistema de puntuación de méritos que se valorarán para acceder al puesto de dirección de centros educativos: «Con 100 folios de proyecto se puede optar a ser director en diez colegios o institutos; y esto pesará casi tanto para el tribunal de elección que la capacidad y los méritos académicos o profesionales del candidato, por los que nunca recibirá más de 12 puntos. Por esto consideramos que la nueva norma deja al arbitrio subjetivo de la administración el nombramiento de dirección en los centros». Robles aseguró que, en esta situación, la dirección de los colegios pasaría a depender de la administración, para la que la figura del director es un mero gestor: «Ahora el claustro, el consejo escolar, serán órganos de control del colegio, nunca órganos de gobierno». La valoración política sobre esta orden de la Junta, que desarrolla en la autonomía uno de los artículos que contiene la Loce (Ley de calidad de la enseñanza). Enrique Pardo definió el resumen de la norma que antes de su publicación ya había originado rechazo en los sectores educativos: «Es un ataque a la participación democrática de la comunidad educativa en los centros públicos; es arbitraria. La consejería se garantiza la discecionalidad de sus decisiones con el control de la composición de las comisiones de selección, que formarán tres representantes de la administración, un profesor y un padre». Pardo explicó que lo que define «un concurso de traslados encubierto» abrirá 110 plazas en la provincia de León. «La orden establece que cada candidato puede presentarse a cinco centros de dos provincias; diez en total». Y recordó que sindicatos, asociaciones de padres o estudiantes ya se habían manifestado en contra. El PSOE pidió a la Junta que detuviera esta decisión ante el aplazamiento de la Loce.