El juez archiva la denuncia por el helicóptero que cayó en Sahechores

El titular del juzgado leonés que investigaba el accidente aéreo ocurrido en Sahechores el 15 de septiembre del 2002 ha archivado la denuncia presentada a título personal por uno de los brigadistas que padecidó lesiones muy graves -estuvo ingresado en la UCI más de un mes sin que su familia recibiera ningún tipo de apoyo por parte de la administración- después de que el aparato se estrellase cuando se dirigía a extinguir un incendio en un robledal de Sorribos de Alba. Según ha podido saber este periódico, el auto exime de cualquier responsabilidad penal a los técnicos de Tragsa, la empresa forestal que dirigía en esos momentos los trabajos. Fuentes cercanas a la familia del denunciante, César Muñoz, anunciaron un recurso contra la primera decisión judicial que se toma en relación al siniestro y de la que tan sólo ha trascendido la conclusión final. La defensa del joven, por motivos de privacidad, prefirió no hacer público ayer este documento. La decisión judicial es conocida al tiempo que se desvela que la Junta volverá a contratar este año al menos cuatro helicópteros restricted para la campaña contra los incendios forestales, un tipo de aeronave que, aunque más vieja, es de similares características a la accidentada en Sahechores y que se peculiariza por tener un certificado de aeronavegabilidad restringido que en principio impide sobrevolar núcleos urbanos y transportar tripulación. Intimidad y sigilo Se da la circunstancia de que todo lo relacionado con el estado de los aparatos, caso de posibles irregularidades o el resultado de las investigaciones que hace la DGAC, se ha mantenido oculto por parte del anterior Gobierno con el argumento de salvaguardar el «derecho a la intimidad» de las compañías y mantener el «sigilo» por parte de quien conociera esa información, obligación esta última que se establece en el artículo 25 aparato 3 de la Ley 21/2003 de 7 de julio sobre seguridad aérea. Intimidad y sigilo fue la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta presentada en el Congreso por la oposición para conocer los resultados de las inspecciones realizadas a helicópteros restricted durante el 2002 y el 2003 (Boletín Oficial del Congreso de 30 de enero del 2004). El registro de este tipo de aparatos ha concedido para este año en España un total de 36 licencias de aeronavegabilidad restringida, de las que cuatro corresponden a la lucha contraincendios de Castilla y León y ocho a la de Andalucía.