Los sindicatos apoyarán la ley minera si hay más control de las ayudas

La Consejería de Economía y Empleo ya tiene casi listo el borrador de la futura Ley de Actuación Minera de Castilla y León, según se puso ayer de manifiesto en una reunión con los sindicatos celebrada en Valladolid y a la que asistieron el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y el director general de Energía, Manuel Ordoñez. A lo largo de esta reunión, el responsable de Minería de UGT, Manuel López, afirmó que su sindicato apoyará el texto siempre que éste incluya dos nuevas cuestiones como son «la necesidad de un mayor control de las ayudas que reciben las empresas y que éstas estén vinculadas directamente al mantenimiento del empleo». Asimismo, UGT reclamó que, al igual que la Comisión Regional de Minería prioriza los recursos del Plan del Carbón, «aquí también queremos que los recursos de la Ley de Actuación Minera puedan ser priorizados por la Comisión Regional», algo que nunca se ha hecho hasta ahora. En cualquier caso, ambos sindicatos instaron a los grupos parlamentarios a lograr el máximo consenso posible a la hora de aprobar esta ley, al igual que ya sucediera con la anterior (2000-2003). Si bien esta normativa autonómica tenía que haber entrado en vigor a principios de este año, no será hasta septiembre cuando, una vez cumplidos todos los trámites, inicie su camino parlamentario en las Cortes de Castilla y León, según avanzaron los sindicatos. Consenso en el aire Por su parte, el responsable de minería del grupo parlamentario socialista, Pedro Nieto, mostró ayer su preocupación por las formas en las que se está llevando a cabo la última parte de la negociación sobre el texto de la llamada «Ley Minera». Según Nieto, si bien en un principio el borrador contaba con el apoyo de su partido, en los últimos meses «se está dando de lado al PSOE» en la negociación, por lo que puso en duda que la futura normativa autonómica pueda alcanzar «el mismo grado de consenso logrado por la anterior». Por otro lado, el procurador socialista reiteró la necesidad de que los recursos previstos en esta norma se diferencien claramente del presupuesto ordinario de la Junta.