Los leoneses elevaron 425 quejas al Defensor del Pueblo el año pasado

Los leoneses presentaron 245 quejas al Defensor del Pueblo el año pasado, seis menos que en el 2002. Sin embargo, León continúa siendo la provincia más reivindicativa de la comunidad autónoma; por delante de Valladolid, con 226 quejas, Palencia (173) o Burgos (116). Castilla y León es la quinta comunidad que más recurre al Defensor del Pueblo (con 1.143 quejas), tras Madrid (5.594), Cataluña (1.846), Comunidad Valenciana (1.795) y Andalucía (1.636). Los leoneses, al igual que el resto de los ciudadanos de las otras ocho provincias de la comunidad, prefieren dirigir sus protestas, por cercanía, al Procurador del Común, Manuel García, quien en el mismo período de tiempo recibió 2.358 quejas; de ellas, 655 procedentes de León, seguidas por 277 de Valladolid, 266 de Burgos y 209 de Palencia. El Procurador del Común es, además, el segundo, tras el valenciano, que más quejas remite a su homónimo nacional (308). A Enrique Múgica le llegaron 17.389 quejas a lo largo del 2003 de toda España, de las cuales 12.612 eran de ciudadanos particulares; 4.612, de colectivos; y 165, de oficio. Lo más curioso es que otras 36.000 protestas, todas contra la invervención en Irak, no pudieron tramitarse por quedar fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, quien no tiene facultades para determinar u orientarla política exterior. Los «antibelicistas» pretendían que Múgica auspiciara un referéndum o interpusiera algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Según el informe del propio Defensor del Pueblo, Múgica resolvió el 41,3% de las quejas y mantiene el resto pendientes de una decisión, bien porque requerían información adicional o porque presentaban algún defecto de forma. Los leoneses, al igual que el resto de los ciudadanos del país, se quejan de casi todo, pero, a la vista de las cifras del Defensor del Pueblo, los temas que más reclamaciones suscitan son aquellos relacionados con la inmigración (3.818 denuncias), los retrasos de la Justicia (1.726), así como las de aquellos que pretenden acceder a la función pública (1.593) y cuestiones sanitarias (1.495). En la lista negra El Defensor del Pueblo también hace pública una relación de administraciones que han incumplido la obligación de colaborar con esta institución. Entre las administraciones «entorpecedoras» -como las denomina Múgica- figura al Ayuntamiento de Sahagún, por un conflicto sobre un edificio que sobrepasa la altura permitida por la normativa. Y entre las «remolonas», que han contestado tras tres requerimientos, aparece el Ayuntamiento de Ponferrada, por una placa de identificación de una calle. El Defensor del Pueblo también promovió el año pasado por propia iniciativa 165 quejas de oficio, de ellas 47 en Castilla y León; la segunda comunidad, después de Madrid, que más hizo trabajar a Múgica. Entre las quejas colectivas, las más numerosas hacían alusión a Irak, pero también otros 41 ciudadanos expresaron su preocupación por los niños que son objeto de malos tratos, especialmente por parte de niñeras o cuidadores, criticando las resoluciones judiciales en las que se ponen en libertad a las personas que causan maltrato a bebés y niños. La queja fue desestimada por tratarse de hechos conocidos por órganos judiciales. También Múgica rechazó, por exceder de sus competencias, la petición de 39 ciudadanos que expresaban su inquietud por el destino de 30.000 embriones sobrantes de los procesos de reproducción humana asistida. La institución del Defensor del Pueblo dedicó especial atención a la situación de la población reclusa y, en concretó, en todos aquellos casos en que se produjeron fallecimientos en prisión y sobre presuntos malos tratos a interios, inspeccionando cárceles (Múgica visitó quince centros penitenciarios). Asimismo, llevó a cabo direversos análisis sobre víctimas del terrorismo, malos tratos policiales, seguridad ciudadana, emergencias sanitarias y vigilancia de tráfico.