El Gobierno quiere dar más derechos donde no existen aún térmicas

El Gobierno pretende conceder más derechos de emisión de gases contaminantes de CO2 a las centrales eléctricas situadas en lugares con problemas de distribución, es decir, aquellos donde la oferta existente no consigue responder a la demanda. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha recibido unas 30 alegaciones al plan de asignaciones, mientras las comunidades autónomas gobernadas por el PP critica el texto por carecer de una memoria económica que recoja el coste de las medidas que contempla, pues creen que se están «hipotecando» las políticas del futuro. Según fuentes del Ejecutivo, aunque de forma general se seguirán criterios históricos (antigüedad de las instalaciones y nivel de producción en los últimos años), de eficiencia energética (rendimiento de las instalaciones) y de nivel de emisiones a la hora de las asignaciones, también se tendrán en cuenta otros factores no reglados en la directiva europea de aplicación del protocolo de Kioto. Aparte de los dos archipiélagos (Canarias y Baleares), donde su insularidad obligará a mantener una situación similar a la actual, Andalucía es una de las comunidades a las que se prestará atención especial. La intención no es beneficiar a unos territorios sobre otros, se afirma, pero sí compensar en la medida de lo posible la carestía de generación de electricidad en unas zonas con la saturación de otras. Con las primeras habría una rigurosidad mucho mayor a la hora de conceder derechos, e incluso se podría hablar de restricciones respecto a los niveles actuales, mientras en las segundas habría más «generosidad» con las centrales allí instaladas, lo cual aminoraría la posible reducción de las centrales carbón, más contaminante que las de gas, aunque también más barato. Críticas populares Por otro lado, ayer se celebró la conferencia sectorial de Medio Ambiente entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que tuvo como contenido monográfico el plan de asignaciones de derechos de emisión de CO2. Durante la reunión, los territorios gobernados por el PP criticaron tanto la forma como el fondo del proyecto, que en su opinión se ha tramitado «con muchas prisas». La ministra Cristina Narbona les respondió que sus quejas estaban «fuera de lugar», pues había sido el Ejecutivo anterior el que «no hizo absolutamente nada en ocho años para aplicar Kioto». Las autonomías populares también reprocharon al Gobierno que no se les hubiera consultado antes sobre el contenido del plan, y que éste no contenga una memoria económica, donde se precise el coste de las medidas que se han de aplicar, incluido su posible efecto sobre la tarifa eléctrica. Desde Industria se insistió en que el Ministerio trabajará para que ese impacto en la factura sea «mínimo o nulo».