Fernández Santiago sostiene que de reformar estatutos, nadie quede al margen
El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, dijo ayer que no considera «imprescindible» la reforma de los estatutos de autonomía, pero subrayó que «si se plantea, ninguna comunidad autónoma deberá quedarse al margen» de este proceso. Fernández Santiago, quien hoy intervendrá en el curso sobre la reforma de estatutos de autonomía que organiza la Universidad de Cantabria en colaboración con el Parlamento cántabro, indicó que «todas las comunidades querrán estar de una forma clara en esa reforma», que, a su juicio, «debe entenderse como un todo global, sin que se franquee el marco constitucional». Al respecto, indicó que, «en ningún caso la reforma ha de implicar un nuevo proceso constituyente» y opinó que «hoy no es posible en España hablar de distintos modelos de comunidades autónomas, sino de un único modelo al que todas las autonomías podrán llegar desde distintas sensibilidades y con diferentes ritmos». Evitar la asimetría regional Para el presidente de la Cortes de Castilla y León, sin «perjuicio de los hechos diferenciales», la modificación de estatutos de autonomía «no pueden utilizarse, ni ahora ni nunca, para implantar la asimetría entre diferentes comunidades autónomas». Según Fernández Santiago, cualquier reforma que se plantee ha de garantizar el derecho de todas las comunidades autónomas a situarse en el mismo nivel y a alcanzar los mismos techos competenciales, porque «no existe ninguna razón ni jurídica, ni política que justifique las diferencias entre comunidades autónomas». También opinó que antes de afrontar un proceso generalizado de reforma estatutaria, sería necesario un debate sobre aquellas competencias que aún no están transferidas de igual forma a todas las comunidades. «Antes de empezar deberíamos hablar de la eliminación de las diferencias injustificadas hoy que subsisten», insistió Fernández Santiago, recordando que Castilla y León no tiene aún transferidas, entre otras materias, la Justicia, instituciones penitenciarias, el tráfico y la policía. Además, subrayó que no considera procedente la utilización del artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá transferir o delegar en las autonomías, mediante ley orgánica, facultades de titularidad estatal.