Los sindicatos aplazan las protestas ante la llamada de la Junta al diálogo social
El secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Andrés Herránz, anunció ayer en León, que los sindicatos UGT y CC. OO. aplazaran las movilizaciones previstas para el mes de septiembre en el ámbito de la administración autonómica, al ser convocados por el consejero de Presidencia a una reunión el próximo día 27 de agosto en la que se abordará la negociación colectiva de los trabajadores dependientes de la Junta. El responsable de UGT señaló que las negociaciones permanecían rotas desde hace varios meses tras la «repentina» negativa de la Junta a suscribir los acuerdos perfilados durante los dos últimos años con los sindicatos en el marco del diálogo social, lo cual había llevado a la parte social a convocar movilizaciones para septiembre. José Andrés Herránz amenazó con reanudar las protestas junto a CC.OO., si la consejería de Presidencia rechaza algunas de las peticiones de los sindicatos, como la nueva reclasificación profesional que afecta a unos 13.000 trabajadores laborales de la Junta, de los cuales 2.000 corresponden a la provincia de León. Otros de los asuntos, que se abordarán en esta mesa negociadora del 27 de agosto son la jornada de 35 horas, temas de salud laboral y oferta de empleo público. Estas decisiones afectarían a los cerca de 82.000 empleados de la administración autonómica, 12.000 de ellos de la provincia de León. El secretario general del área de Enseñanza de CCOO - Castilla y León, Francisco García, indicó que los trabajadores de los sectores educativo y sanitario son los más perjudicados por la negativa de la Junta a avanzar en las negociaciones del diálogo social y exigió «un cambio de talante» a los responsables de la consejería. Francisco García criticó los escasos acuerdos obtenidos en la negociación colectiva con la administración autonómica durante los últimos dos años, a pesar de los avances obtenidos, «pero a día de hoy estamos en el furgón de cola si lo comparamos con los avances que en esta materia han alcanzado, otras comunidades autónomas y el Gobierno central». Por otro lado, el responsable del sector económico de la FSP de Castilla y León, José Manuel Torre, denunció la alta temporalidad en la administración autonómica supera el 20 % y el parón que sufren algunas medidas como la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en el ámbito de la Sanidad. También, recordó que «siguen siendo asignaturas pendientes de la Junta los procesos de integración de los colectivos transferidos y la promoción profesional, entre otras, que llevamos reivindicando desde hace dos años». Otros de los puntos englobados en el marco de la negociación colectiva y del diálogo social atañe a la implantación generalizada entre los trabajadores dependientes de la Junta de la jornada laboral de 35 horas semanales, una nueva oferta de empleo público y el compromiso de reducir la temporalidad entre este colectivo.