UPA exige indemnizaciones a la Junta por los ataques de los lobos
La organización agraria UGAL- UPA solicitó ayer por escrito a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, mantener una reunión «lo más rápidamente posible» para abordar los perjuicios económicos que sufren los ganaderos de la comunidad como consecuencia del os ataques de los lobos. El sindicato UPA recordó que en los últimos días se han vuelto a producir varios ataques en las provincias de Ávila y Salamanca en los que han muerto varias terneras y ovejas. Esta organización profesional agraria considera «absolutamente necesario» que la administración autonómica aborde este problema «y asuma la responsabilidad en la indemnización directa a los ganaderos que se ven afectados por los cada vez más habituales ataques de lobos». En este sentido, aclararon que en muchos casos los ataques de lobos tienen lugar en zonas donde la ganadería constituye la principal actividad económica y en zonas especialmente desfavorecidas donde la gente subsiste gracias a este sector. Reunión de urgencia El sindicato UGAL-UPA aseguró que desea mantener la reunión con la máxima responsable de Medio Ambiente en la región con el fin de recordar a la administración autonómica «que no es posible hacer una política de gestión del medio natural que perjudique tanto a los ganaderos y por otro lado siga sin controlar la proliferación cada vez mayor de lobos en la comunidad». Del mismo modo, la organización agraria y ganadera espera tener la oportunidad «en breve» de recordar directamente a los máximos responsables de la consejería de Medio Ambiente la necesidad de poner en marcha indemnizaciones directas e inmediatas tanto por animales muertos como por animales heridos y daños colaterales que llevan consigo los ataques de los cánidos. Para el sindicato agrario UGAL-UPA «no es ni justo ni lógico que el ganadero sólo tenga cubierto parte de los daños en caso de ataque si tiene suscrito un seguro personal», puesto que se trata de situaciones que deben ser asumidas directamente por la Junta de Castilla y León, tal y como ocurre en comunidades autónomas limítrofes como Asturias.