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En 1976 había 221.500 personas ocupadas en León; hoy, 171.400

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León

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Los números desaconsejan esperanza. La situación económica de León, declarada por el flanco del empleo, es de caída libre y sin freno. No hace falta más que observar el número total de activos en la provincia, en retroceso perenne desde el año 1976, si no antes. Las referencias estadísticas mediada la década de los setenta ofrecían una masa de ocupados en la provincia leonesa de 211.500 personas. La sangría de población ocupada nunca más encontró resuello, como se demuestra de pérdidas sucesivas de empleos de once mil puestos de trabajo hasta el 77; seis mil más en el 78, otro millar en el 79 y tres millares en el año 80. León sufrió una resta de 1.500 puestos de trabajo más en el año 1981, que se dispararon hasta un déficit de seis mil en 1982, hasta cifrar el total de empleados en León en 193.800. El descenso no se detuvo doce meses más tarde, cuando las oficinas del servicio de la Seguridad Social estimaron en 186.200 personas la población con trabajo en la provincia leonesa. En el 85 se produjo otro acelerón en la pérdida de masa de empleados (170.500), con recuperaciones en las cuatro anualidades posteriores, hasta alcanzar en el año noventa 185.800 ocupados en el territorio provincial. Las reconversiones mineras (sin alternativa ni inversión suficiente para contrarrestar la pérdida de actividad de la provincia) aún no habían aportado su efecto definitivo sobre la pirámide económica de la provincia. El descenso en la tasa de ocupación volvió a ser exagerado, hasta que el fondo registrado en 1998 (164.000 leoneses con trabajo cerca de su domicilio), sostenido de forma creciente en los años posteriores hasta alcanzar los 171.400 con los que comenzó el 2004. La mejora estadística que se define en los registros ofrecidos por la Encuesta de Población Activa se enjuga con la pérdida paralela de puestos de trabajo derivada de las situaciones de crisis que atraviesan diversas empresa radicadas en León, manifestadas con pérdidas sensibles de puestos de trabajo que condenan a la provincia a los últimos puestos del desarrollo en España.

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