El fiscal pide diez años de cárcel por venta de heroína en la prisión de León
El fiscal pedirá diez años de cárcel para un preso al que se acusa de haber vendido droga a otro interno de la cárcel de Mansilla mientras ambos cumplían condena en este centro penitenciario. Así se describen los hechos en las calificaciones remitidas por la acusación pública sobre un caso que se juzgará el próximo 14 de septiembre, referido a unos hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, del que se hace autor a L. F. I.. El acusado, dice el fiscal, vendió heroína en diferentes ocasiones y desde fecha inconcreta hasta el 7 de febrero del año 2002, a otro interno, fijándose el valor de las ventas en 360 euros. Anteriormente, el procesado contaba con hasta seis sentencias ejecutorias, por delitos de tráfico de drogas, atentado o robo y hurto. Por los hechos en los que se le implica, cometidos presuntamente dentro del recinto penitenciario de Mansilla de las Mulas, la fiscalía solicitará ante el tribunal de la Audiencia que presidirá la vista oral una multa de ochocientos euros, además de la imposición de diez años de cárcel. Accidente laboral El juzgado de lo penal de León abre juicio contra dos hombres, socios y propietarios de una empresa de construcción que tenían empleado a un hombre que sufrió heridas irreversibles de paraplejia después de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de arreglo en un tejado contratados por la sociedad de los dos procesados. Los hechos se localizan el día 12 de octubre del 2001, en un pueblo de la provincia de León, cuando el trabajador se precipitó desde el tejado y sufrió heridas a nivel de columna vertebral, para las que precisó une intervención quirúrgica y rehabilitación en el hospital nacional de parapléjicos, en Toledo. Dice el fiscal que las labores de trabajo en el tejado, y en el momento de la caída, se realizaron sin tomar las medidas exigidas para el caso, como andamiajes, pasarelas, redes sobre horquetas, además de carecer de elementos de protección personal como cintas o arneses de agarre. El ministerio fiscal califica los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con un delito de imprudencia grave, con resultado de lesiones y pide por ello un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados, además de indemnizaciones para la víctima del accidente que alcanzan los 213.000 euros, por las secuelas y 150.000 euros por la paraplejia, que le ha obligado a desplazarse en una silla de ruedas desde entonces. Robo con intimidación Un joven se enfrenta a peticiones de tres años y medio de cárcel por su implicación en la autoría de un robo a cinco menores, a los que en compañía de otro menor abordó en la plaza Caño Vadillo de León y amenazó para que le entregaran el dinero; así logró apropiarse de trescientos euros.