Asaja rechaza los límites de la Junta para las granjas en cascos urbanos

Los responsables de la organización profesional agraria Asaja mostraron ayer su oposición a la «restrictiva» propuesta de la Junta de Castilla y León para regularizar las explotaciones ganaderas ubicadas en cascos urbanos. Según consta en un comunicado de prensa, el proyecto del decreto con el que la Junta de Castilla y León quiere regularizar a las explotaciones ganaderas de la región ubicadas en cascos urbanos responde a «unas premisas excesivamente restrictivas que dan la espalda a la realidad del sector en nuestra comunidad autónoma, compuesto mayoritariamente por pequeñas explotaciones familiares a las que, de aprobarse esta normativa en sus términos actuales, se 'invitaría' a desaparecer». Para evitar esta «reconversión a golpe de decreto», Asaja entiende que, en primer lugar, hay que ampliar esta regularización a aquellas explotaciones que radiquen en localidades de hasta 10.000 habitantes (en lugar de los 1.000 marcados en el borrador) o cualquier cifra superior «siempre que así lo estableciera por acuerdo plenario el ayuntamiento competente». Igualmente, Asaja considera que las cifras de capacidad ganadera, que el borrador de decreto establece, tomando como referencia el bovino, en 30 unidades de ganado mayor si están en casco urbano, y 75 UGM si es en casco periurbano, deberían duplicarse (es decir, a 60 UGM y 150 UGM de bovino, respectivamente). Según esta organización, en el caso de la capacidad ganadera también debería tener potestad el ayuntamiento para que, en función de los intereses locales, poder aumentar el número de UGM. Para Asaja, otro «punto de conflicto» es que para regularizar la mayoría de las explotaciones se quiere exigir una memoria redactada por un técnico competente. Asaja estima que hay que valorar que esto supondría un coste importante para el sector, de alrededor de 300 euros. Asaja pide que las memorias que tengan que ser redactadas por técnicos sean las menos posibles y se limiten para casos excepcionales, y que en la mayoría de los casos valga con una memoria elaborada y firmada por el propio titular de la explotación, una gestión en la que podrían prestar una importante labor de asesoramiento los técnicos de las organizaciones profesionales agrarias. Respecto al plan de gestión del estiércol, por el que se exigirá a los ganaderos que depositen en un estercolero los residuos antes de distribuirlos en las fincas, Asaja pide que se arbitren ayudas, de la Junta y las diputaciones para desarrollar estercoleros colectivos.