Enfermería para la Democracia reitera la ilegalidad de la doble colegiación
La Asociación Enfermería para la Democracia destaca que, según se ha puesto de manifiesto tras la investigación judicial iniciada tras las elecciones, no «existe ningún acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Colegio de Enfermería para permitir la doble colegiación de los enfermeros ya que éste supondría modificar los estatutos». De existir -recalcan- «iría contra la ley y sería una presunta prevaricación». Según esta asociación, el registro de las instalaciones que en su momento ordenó el magistrado instructor dejó claro «que al menos 200 personas que fueron incluidas en el censo electoral de León no tienen la condición de colegiados de enfermería en León». Esos nombres son los que, en este momento, continúa investigando la policía para determinar la legalidad de su voto y, por ende, la legalidad de las elecciones en el Colegio celebradas en abril del año 2002. Estas personas, recalcan desde la asociación, no cumplían los seis requisitos necesarios para poder colegiarse como son, entre otros, recibo de la cuota, solicitud de ingreso, fotocopia del título y del DNI o, en caso de traslado, certificación del expediente. Los nombres, aseguran citando la declaración judicial de ésta, fueron incluidos por la presidenta del Colegio siguiendo «órdenes de Madrid». La Asociación va a seguir con su campaña de denuncia de la situación anómala que, según ellos, se vive en el Colegio y pidiendo «amparo» a todas las instituciones nacionales, grupos políticos y sindicatos por la persecución que dicen sufrir. El presidente de la asociación, Luis Miguel Alonso, se muestra muy satisfecho por la anunciada pronta resolución de la investigación policial que permita que la investigación judicial siga su curso. En este momento, según publicó Diario de León, la policía mantiene abierta la investigación de esos votos. Nulidad como en Valladolid Los responsable de la asociación estiman que los comicios serán anulados como acaba de ocurrir con los celebrados en Valladolid donde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado las elecciones ante la denuncia de irregularidades. Para la asociación estos hechos demuestran que «León es sólo parte de un entramado de ámbito nacional en el que mediante un presunto fraude electoral generalizado se buscaba la estabilidad de las mismas personas al frente de una economía muy generosa, 41 millones de euros».