El sector agrario confía en que la UE no le deje expuesto al mercado libre

No habrá campo sin ayudas, ni agricultores o ganaderos abandonados al destino de una situación de libre comercio en la Unión Europea. Estas dos máximas se sumaron anoche a las conclusiones de las jornadas sobre el futuro del campo leonés, que impulsan Diario de León y Caja Duero. Cinco de los seis ponentes emplearon un sí rotundo para responder al enunciado del encuentro: «¿Pasa el futuro de la agricultura pasa por las ayudas?». Sí, pero con matices entre los sindicalistas y representantes de las administraciones. La versión de un economista se encargó de echar por tierra la efectividad de esta política intervencionista. Los representantes de organizaciones agrarias coincidieron en manifestar su disconformidad con el resultado de las ayudas públicas, conforme al formato gestionado por la Política Agraria Común desde el año 92. «Fue un fracaso total», sentenció Matías Llorente, secretario de Ugal, que recordó el fomento de la desigualdad entre los agricultores a partir de los criterios de reparto de fondos públicos para el campo en los últimos doce años. Ratificó el fondo de este análisis Óscar Herreros, que en representación de Coag, organización de la que es secretario en León, defendió que la protección al sector dispuesto por los gobiernos europeos se destine a mejorar la producción, a incentivar al agricultor profesional, a premiar su multifunción: «Primero, porque está encargado de sostener la población en un medio abocado a desaparecer; igual que su cultura; y después, que premie el desarrollo estructural, el vínculo entre el campesino y la tierra». El profesional del campo prefiere el término de pagos compensatorios en lugar de la definición de ayudas. Lo explicó Lupicinio RodrIgo, que es diputado provincial, y presidente de la comisión de desarrollo rural de la Diputación leonesa, y que reflejó la aparición de esta forma de apoyo público (los pagos directos) como sustituta de la desaparición de los precios de intervención en los año 80. «El agricultor no se lleva más dinero a su casa por recibir esta subvención; se trata de compensar la bajada de precios del producto, que hace años se pagaba más caro». En medio del aluvión de críticas a la efectividad de las ayudas emanadas de la PAC entró al debate el peso que ese apoyo público significa en la renta agraria. «Hasta un 32%», apuntó el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Pedro Medina Rebollo advirtió de la reorientación de la fórmula en los próximos años, después de la transitoria: «Esta autonomía recibe 890 millones de euros en el pilar de ayudas directas; y 110 millones en aportaciones a infraestructuras, o indirectas. Ahora se ligará la aportación a la persona, no a la producción». Antes, habrá un aumento porcentual de ayudas en el segundo sector. Los sindicatos se apresuraron a corregir el dato aportado por el representante de la administración que gestiona las ayudas europeas: «Del 32% de la renta agraria nada», aseguraron al unísono Llorente y Herreros, que fijaron en seiscientas mil pesetas la cantidad media de dinero que recibe de Europa un agricultor leonés. Los profesionales agrarios, no obstante, mostraron como certeza una cuestión que parece asomar como deseo: «La Unión Europea no va a abandonar a su suerte un sector estratégico para la economía y el consumidor»