Diario de León

Los ecologistas consideran la limitación de competencias «un golpe mortal a la red de Parques»

Cantabria pide un órgano suprarregional para que controle el Parque de Picos

El gobierno cántabro resalta la peculariedad del espacio en tres territorios

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agencias | madrid
León

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El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Angel Revilla, considera conveniente que se cree un órgano «suprarregional» que «tutele» la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, el único de la actual red de Parques Nacionales compartido por varias comunidades autónomas. Revilla expresó su respeto por la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que la gestión de los parques nacionales es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero también subrayó la especificidad del parque de los Picos de Europa, cuya propiedad comparten Castilla y León, Asturias y Cantabria. Juan Carlos del Olmo, secretario general de Adena, dijo que la sentencia que limita las competencias del Gobierno en los Parques Nacionales es muy preocupante, porque la gestión cotidiana de la red de parques puede quedar condicionada a las presiones locales que surjan en cada caso, al desaparecer el criterio homogéneo que representa el Estado. «Entendemos que parques nacionales es una red de gestión conjunta del Estado, porque representa lo mejor de la biodiversidad, lo mejor de la naturaleza que pertenece a todos los españoles>, dijo, e insistió en que el modelo de balance entre administraciones del modelo de cogestión queda a hora superado por otro en el que si bien el Estado dice lo que es un parque, su conservación posterior estará solo en manos de la comunidad correspondiente. Del Olmo llamó la atención en especial sobre la situación del Parque de Picos de Europa, dividido entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, y en el que el Gobierno central ha ejercido en los últimos años un difícil papel de «rótula» entre los diferentes criterios de cada comunidad. Para Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace-España, la sentencia constituye «un primer paso para el desmantelamiento de la red de Parques Nacionales», y explicó que las comunidades ya cuentan con una figura propia de protección.

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