Castilla y León quiere llevarse la mayor parte del dinero por el traspaso de Picos

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León ha introducido en la negociación sobre la transferencia del Parque Nacional de Picos de Europa a las autonomías la reivindicación de que la compensación del Estado por el traspaso de competencias sea proporcional al territorio que tiene cada comunidad dentro del espacio protegido, una exigencia que de ser aceptada pondría la mayor parte del dinero en manos de Castilla y León -la comunidad posee 24.719 hectáeras frente a las 24.560 de Asturias y las 15.381 de Cantabria-. Carlos Fernández Carriedo anunció ayer la propuesta que llevará su gabinete ante la comisión encargada de gestionar el trasvase de funciones a las autonomías, uno de los pasos necesarios para llevar a la práctica la sentencia del Tribunal Constitucional que delega la gestión exclusiva de los parques nacionales en las comunidades. El consejero, con experiencia en la asunción de nuevas competencias, como le ocurrió en Sanidad, desveló el contenido del informe jurídico de la Junta sobre la nueva situación legal. Y estuvo muy claro: «Las competencias son exclusivas de cada comunidad autónoma y ningún órgano superior tendrá capacidad de gestión sobre ellas». Carriedo fue más allá: «El acuerdo es bueno para todos, pero no para todo tendremos que llegar a un acuerdo. Hay voluntad de entendimiento entre las tres autonomías, pero ya no es necesario que tengamos que tomar decisiones de gestión juntos». Según el consejero de Medio Ambiente, el informe aclara que el Estado podrá redactar el plan director de los parques, «pero no entrará en la gestión», matiza. «El ejemplo está en la sarna -añadió-. Todos estamos de acuerdo en que es un problema que hay que solucionar, pero eso no significa que yo tenga que decir a Asturias si debe o no debe hacer una selección de lobos, como acaba de aprobar recientemente en su territorio». Carriedo aclara que el informe también deja claro que sobra cualquier fórmula de tutelaje suprarregional, «porque de esta manera volveríamos a tener un ente por encima de las autonomías, y eso es lo que acaba de rechazar el Tribunal Constitucional». Un asunto por el que muestra preocupación el consejero son los proyectos estrella de Posada y Oseja durante el tiempo que dure el traspaso de competencias.