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El PSOE se solidariza con el personal sanitario encerrado en José Aguado

Inmaculada Larrauri, durante la visita a los encerrados de José Aguado

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León

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La procuradora socialista leonesa Inmaculada Larrauri visitó ayer a los trabajadores del Sacyl que se han encerrado en el ambulatorio de José Aguado como medida de presión para impedir que la Junta de Castilla y León los considere laborales eventuales. Los trabajadores iniciaron el encierro el pasado martes y anuncian el inicio de una huelga de hambre el próximo lunes en el caso de que la administración autonómica siga adelante con su propuesta de convertir su contrato de fijo a eventual. Según los representantes sindicales de este colectivo de laborales del Sacyl (psicólogos, administrativos, asistentes sociales o celadores) pertenecen al grupo de trabajadores traspasos por el Insalud a la administración autonómica. «Varias sentencias reconocen su condición de fijos». «Si el próximo lunes 13 de diciembre la Junta de Castilla y León no da una «respuesta positiva» para mantenerles sus contratos indefinidos comenzarán «una huelga de hambre irreversible. No podríamos esperar más con este desprecio a la fijeza y a la destrucción del empleo», añadió, Aunque reconoció que «mantienen la esperanza de que el texto sea de nuevo redactado», dijo Alfonso Rodríguez, presidente del comité de empresa de los laborales. Inmaculada Larrauri, quien aseguró que si el alcalde de León, Mario Amilivia, no acudiese demostraría «que empieza con mal pie», porque, según su opinión, «si de verdad pretende acercarse a los ciudadanos esto sería una buena muestra de volver a la tierra y sentir la problemática de estos trabajadores». ¿Una huelga en el sector? Mientras, la mesa de negociación del sector sanitario, formada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Csi-Csif, puso ayer de manifiesto su intención de llegar a la huelga en el caso de que la administración autonómica no atienda sus peticiones laborales o cumpla con las promesas efectuadas la pasada primavera; entre estas se fijan los complementos salariales o la reducción de horario laboral, como ya disfrutan el resto de funcionarios de la administración autonómica.

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