Los sindicatos acusan al ministerio de potenciar la enseñanza privada

La Junta de Personal Docente de Centros Públicos No Universitarios de León criticó ayer a la Dirección Provincial de Educación por la gestión que ha realizado durante el presente curso académico en lo relativo a «la desviación de un gran número de alumnos de Infantil y Primaria hacia centros privados-concertados», según afirmó el presidente de la junta, Jesús López. A juicio de los sindicatos, estas medidas tomadas por Educación van en detrimento de los centros públicos, para los que pidieron más consideración por parte de la Administración y soliciataron que ésta cambie su actitud de «negarse, año tras año, a construir o ampliar los centros docentes de ciertos barrios de la ciudad que tienen gran demanda». A este respecto, López quiso resaltar la necesidad de colegios públicos que presentan ciertas zonas, como Eras de Renueva, La Palomera, San Mamés o La Lastra. Graves irregularidades Según el presidente de esta junta de personal, de un análisis que han elaborado sus propios miembros se desprende que hay «graves irregularidades» en la situación actual de la escolarización. Entre las detectadas en el citado estudio, la junta destaca que hay 21 unidades concertadas en centros privados que superan el ratio legal de 25 alumnos por aula, y asegura que, en algunos casos, se llega a 29, «sin importar para nada la calidad de la enseñanza que se imparte en aulas masificadas», alegan los sindicatos en un comunicado. Entre los colegios leoneses que superan la ratio legal, Hipólito Riesco, miembro del sindicato de enseñanza CSI-Csif, citó a La Anunciata, Teresianas, Carmelitas, Jesuitas, Jesús Maestro o Agustinos. Esta masificación que, a juicio de los sindicatos, se produce en las aulas de los centros concertados, «es especialmente significativa en educación Infantil, una etapa educativa en la que todo el alumnado es de nuevo ingreso», recuerdan los miembros de la junta de personal. López añadió que esta «mala situación» que critican los sindicatos se encuentra «favorecida por la Administración y potenciada por los centros privados» y asegura que tiene como fin mantener o aumentar el número de unidades concertadas, «especialmente en Primaria». Los sindicatos también hicieron alusión al hecho de que algunos centros concertados «continúan con la práctica ilegal de cobrar cantidades mensuales abusivas al alumnado por actividades extra escolares que deberían ser gratuitas y que, en muchos casos, ni siquiera los alumnos las llevan a cabo».