La Junta comienza a enviar multas de hasta 3.000 euros a los ganaderos
Entre noviembre y diciembre un importante número ganaderos de Castilla y León han recibido resoluciones sancionadoras -que rondan los 3.000 euros en muchos de los casos-. Ante la falta de determinados requisitos en su explotación, buena parte de estos profesionales están optando por presentar recursos de alzada mientras que otros deciden «quitar el ganado», abandonar la actividad, por no poder hacer frente a la sanción dado, además, la situación de crisis que se arrastran los sectores ganaderos en los últimos meses», según denuncia Coag. Coag considera absolutamente inoportuno el envío de las comentadas resoluciones sancionadoras dado que está abierto el procedimiento administrativo para regularizar explotaciones ganaderas en cascos urbanos, por lo que desde esa organización agraria se ha solicitado a Carlos Fernández Carriedo, consejero de Medio Ambiente, una reunión para tratar de solucionar este tema que tiene al borde del colapso a un porcentaje elevado de ganaderos. Esta actuación administrativa viene a agravar la despoblación que sufren los núcleos rurales, el nulo relevo generacional y elimina la posibilidad de que se pueda seguir la actividad ganadera a partir de una explotación familiar. Desde la administración autonómica, en vez de agilizar este proceso de regularización de estas explotaciones para que no se produzcan molestias, y apoyar económicamente, tanto las medidas correctoras como el traslado de las explotaciones fuera del casco urbano, decide sancionar a los ganaderos o clausurar la explotación, cortando de raíz el posible relevo generacional y la actividad ganadera tradicional del mundo rural. Además, desde Coag se denuncia que desde el pasado mes de agosto, el 31 de ese mes finalizaba el plazo de alegaciones, no se ha vuelto a tener noticias del estado en el que se encuentra el Decreto que va a establecer el procedimiento para llevar a cabo estas regulaciones. Dato, ya denunciado desde esta Organización en infinidad de ocasiones, que pone de manifiesto la falta de interés autonómica de poner solución a este grave problema que afecta a más de veinte mil explotaciones en la autonomía y más de cinco mil en León. «La consejería prefiere seguir con esta actitud sancionadora que ofrecer soluciones reales y eficaces a los ganaderos que ven como, cada vez, se les ponen más trabas a la hora de desarrollar su actividad», dice Coag. La Junta de Castilla y León ordenó durante este año registrar los datos catastrales de la ubicación de las explotaciones ganaderas de la provincia leonesa; un paso previo a la regularización de las granjas en cascos urbanos cuya gestión va a traer graves consecuencias económicas en el sector.