El Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Alvarez, ha instado a la regulación por ley de la actuación sancionadora de la Administración autonómica en materia de viviendas de protección pública, tras comprobar que en ocasiones se les da a éstas un destino
. De este modo, el Procurador ha instado a la Consejería de Fomento a que aborde una serie de medidas dirigidas a impulsar la actuación de la Administración autonómica en relación con la inspección y sanción de las conductas infractoras en viviendas de protección pública, según informó ayer en nota de prensa esta institución. El Procurador ha comprobado
como aparecen casos de viviendas protegidas desocupadas por sus propietarios y con destinos no permitidos, o con la fijación de un precio en las trasmisiones de este tipo de viviendas por encima del máximo legal permitido. Asimismo, pretende que en esta ley se regule especialmente el régimen sancionador aplicable en este ámbito, que contenga, entre otras previsiones, una tipificación clara de las conductas infractoras y sanciones aplicables y una referencia a la función inspectora en la materia. García Alvarez pide que se prevean expresamente los supuestos en los que procederá al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Además, propone exigir a los notarios, que intervengan en la transmisión de estas viviendas, que comuniquen a la Administración la venta y establecer los supuestos en los que proceda acudir al mecanismo de la expropiación, por incumplimiento de la función social o al desahucio, para recuperar la propiedad de la vivienda de protección pública o el uso de la misma. | efe
