Un plan contra la polución

La asignación de una cantidad determinada de emisiones contaminantes que el Gobierno ha hecho a 957 instalaciones energéticas e industriales españolas será la primera herramienta efectiva para reducir la polución y tratar de cumplir el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático. Desde hoy, esas instalaciones conocen la cantidad exacta de dióxido de carbono -el principal causante del efecto invernadero- que podrán arrojar; si contaminan menos podrán vender parte de sus derechos a otras empresas, y si superan la cantidad que tienen permitida deberán comprarla o atenerse a pagar cuantiosas multas. El Ejecutivo pretende con este plan estabilizar durante los próximos tres años las emisiones de dióxido de carbono en los niveles medios del periodo 2000-2002, antes de comenzar un descenso más acentuado de esas emisiones a partir del año 2008 y acabar cumpliendo en el 2010 los objetivos del Protocolo de Kioto. De acuerdo con el protocolo, España no podrá superar en más de un 15% sus emisiones contaminantes del año 1990 (el año de referencia que se fijó en el acuerdo internacional), aunque en la actualidad ya se superan en un 40%. Para conseguirlo, el Ejecutivo tiene previsto, además del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, reducir sus emisiones gracias a los sumideros (efecto de absorción del dióxido de carbono de los bosques), y acudir a la compra de derechos de emisión a terceros países. Fin de un proceso La asignación individualizada de las emisiones contaminantes culmina un proceso que inició el Gobierno al aprobar el pasado 27 de agosto al aprobar el Real Decreto-Ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, encargado de trasladar a la legislación española la Directiva europea sobre Comercio de Emisiones. Aquel Decreto es el «armazón legal» del primer Plan Nacional de Asignación , que se ha sometido a varios periodos de alegaciones hasta la aprobación ayer de la adjudicación definitiva a cada instalación energética o industrial del conjunto del país. Este primer plan se aplicará en el periodo 2005 al 2007, y el Gobierno aprobará posteriormente un segundo plan, que se aplicará en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, en el que entrarán ya en juego los sectores que ahora permanecen fuera, como son el transporte, la construcción y la agricultura, que deberán también asumir compromisos concretos para reducir la contaminación. El comercio de derechos de emisión implica la puesta en marca de un nuevo mercado europeo, que se suma a los ya existentes de valores o energético, y permitirá a las empresas y a particulares comprar y vender esos derechos -valorados en unos 6.000 millones de euros- para emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero. La cantidad inicial que el Gobierno ha asignado a cada una de las 957 instalaciones afectadas por el plan es gratuita; pero si consigue ahorrar energía y contaminar menos puede vender parte de sus derechos, y si se pasa de los niveles autorizados tiene que acudir al mercado para comprarlos.