El fondo de garantía dice que el juez creyó las «fabulaciones» de Domingo López

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha presentado un escrito de oposición contra la decisión judicial de obligarle a pagar 1.122 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, en el que reprueba al juez haberse creído las «absolutas fabulaciones» de Domingo López Alonso. En un escrito muy duro tanto con el juez Joaquín Ebile Nsefum como con López Alonso, al que ha tenido acceso EFE, el Fondo pide que se declare nula esa resolución judicial, ya que no hay sentencia alguna que justifique esa imposición y, en todo caso, las resoluciones existentes demuestran que el ex propietario del Valladolid debe dinero al FGD y no al contrario. El Fondo recuerda en sus alegaciones que, de haber existido en algún momento, las deudas con López Alonso habrían quedado totalmente saldadas en 2003, cuando se le abonó 26,47 millones de euros en concepto de principal, más intereses más costas. Pese a reconocer esta posibilidad, el fondo insiste en que la sentencia firme de esta causa no contiene condena dineraria alguna, «por lo que -la resolución que ahora se rebate- es absolutamente improcedente y carente de todo sentido jurídico». Además, el Fondo hace ver en su escrito que el juez ha errado en varias ocasiones en la cantidad a constatar y, además, ha permitido «una situación anómala y absolutamente preocupante», al consentir que López Alonso tuviera información de sus actuaciones por «conducto diferente y preferente» al resto de partes y de su propio procurador. Esta permisividad propició que López Alonso pudiera cobrar los 26,47 millones de euros dos días antes de que las distintas partes tuvieran conocimiento de esa resolución judicial. En el escrito, el fondo critica al juez por haberse creído las «fantasías» del ex propietario del Valladolid, a quien califica de «persona con ánimo de conseguir publicidad y primeras páginas periodísticas, que actúa en todo momento con la impunidad propia del insolvente formal y que, por ignorados y ocultos presagios, se presenta como una de las personas más acaudaladas de España». Decisión «incoherente» También asegura que la decisión del juez es «incoherente», ya que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se había reconocido el derecho de López Alonso a cobrar intereses. Además, según sus acusaciones, la resolución está mal tramitada, pues la cifra de 1.122 millones de euros es el resultado de un informe pericial aportado por el ex propietario del Banco de Valladolid, que en ningún momento pudo ser rebatido por el Fondo porque el juez no le dio la oportunidad, pese a tener obligación de ello. De hecho, el fondo asevera en su escrito que «pretender que un simple informe pericial sustituya a una resolución judicial constituye un ejercicio de imprudencia manifiesta y negligencia profesional». Y es que, según el Fondo, ese informe pericial no está basado en sentencia alguna y, además, da por hecho la existencia de un «fantasmal» contrato entre el FGD y López Alonso en el que estarían acordados los pagos de intereses del 15% anual, acumulativos y pagaderos trimestralmente.