Las 5.801 no contributivas dependen de la Junta para pasar de 269 euros
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, no quiso ayer hacer todavía ninguna valoración sobre la proposición aprobada el miércoles en el Congreso, que deroga la Ley del anterior Gobierno del PP según la cual las comunidades autónomas podrán complementar las pensiones no contributivas en sus territorios, hasta un máximo del 25%. Según los datos facilitados por la Dirección General de Estadística de la Junta, a 31 de diciembre del 2003, en León había un total de 5.801 perceptores de pensiones no contributivas, un subsidio que reciben aquellas personas que por distintas circunstancias no han cotizado a la Seguridad Social durante su vida laboral. Estas pagas tenían en esa fecha una cuantía mínima de 67,19 euros mensuales y una máxima de 268,77, y existe también un complemento de 134,39 euros para aquellos perceptores que acrediten la necesidad de ayudar a otra persona a su cargo. Dado que estas pagas que gestionan las comunidades autónomas son las más bajas del sistema de pensiones, complementarlas hasta en un 25% puede ser muy importante para uno de los colectivos sociales más desprotegidos. Postura contraria del PP Aunque la Junta de Castilla y León no se ha pronunciado sobre la reforma, sí que lo han hecho los responsables de autonomías gobernadas por el PP, como los de la Xunta de Galicia, que consideran que la medida puede generar agravios comparativos entre afectados de distintas regiones. El PP también fue el único grupo que votó en contra de esta proposición en el Congreso, dado que la medida supone derogar la ley que aprobó el Gobierno de Aznar con el argumento de que los complementos autonómicos producirían discriminaciones territoriales. Otras comunidades aplauden la medida, como Cataluña, que ya se plantea complementar las pensiones de sus ciudadanos, y no sólo las no contributivas, y quiere comenzar por las de viudedad. Aunque las comunidades del PP no vean bien esta posibilidad, la previsible competencia política entre comunidades a la hora de subir las pensiones puede llevar a que también lo hagan. De los 5.801 perceptores de la provincia, unos 2.500 cobran una pensión no contributiva por haber alcanzado la jubilación y otros 3.800 la perciben por una situación de invalidez. La proposición que se aprobó el miércoles permitirá a aquellos de éstos últimos que perciben la paga por una incapacidad parcial compatibilizarla con un trabajo remunerado, siempre que sus ingresos totales no superen en 1,5 veces una cifra que se determina mensualmente y se denomina Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples.