El Procurador del Común está cesado desde el pasado 15 de febrero

El Procurador del Común, Manuel García Álvarez, lleva una semana trabajando en funciones, desde que el pasado 15 de febrero cesara oficialmente en su cargo. Esta situación, que puede prorrogarse de manera indefinida, se produce una vez que se han cumplido los dos mandatos (de cinco años cada uno) en los que una misma persona puede ocupar este puesto dependiente de las Cortes de Castilla y León. A partir de ahora, los grupos parlamentarios tienen la obligación, aunque no existe ningún plazo para ello, de proponer un nuevo candidato, que deberá ser elegido por mayoría de las tres quintas partes de la Cámara autonómica. No obstante, las conversaciones entre los grupos mayoritarios apenas habrían comenzado, por lo que se espera que Manuel García Álvarez, que ha sido el primer y único Procurador del Común que ha tenido Castilla y León, siga al frente de esta institución al menos hasta el próximo verano. Asimismo, todo hace prever que García Álvarez será el encargado de defender el Informe anual correspondiente al pasado 2004, cuyo debate, que suele celebrarse tras el verano, se adelantaría al actual periodo de sesiones. En busca de un sustituto Para asegurar la imparcialidad e independencia del Procurador del Común de Castilla y León, la ley determina que este cargo es incompatible con cualquier otro, sea por elección o por designación. Tampoco puede estar al servicio de la Administración Pública, ni afiliado a partidos políticos, sindicatos, ni desempeñar funciones directivas en Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, ni ejercer actividad laboral, mercantil o profesional alguna. La figura del Procurador del Común, creada en Castilla y León a finales de 1995, tiene su origen en la institución del Defensor del Pueblo prevista en la Constitución Española como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Sus funciones están determinadas en la Ley de las Cortes de Castilla y León 2/1994 y en el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León.