Bruselas rechaza la transferencia de cuotas de azúcar entre los estados miembros de la Unión

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha rechazado en un dictamen sobre la reforma del sector del azúcar que prepara la Comisión Europea, la propuesta de Bruselas de autorizar la transferencia de cuotas de azúcar entre los Estados miembros, medida que supondría un grave perjuicio para España, en beneficio de los países más competitivos, como Alemania y Francia. La decisión de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, que será votada en el pleno de Estrasburgo el próximo mes de marzo, «supone un gran paso adelante en el debate sobre la reforma ya que echa abajo el nudo gordiano de la propuesta del Ejecutivo comunitario», afirmó el eurodiputado castellano Agustín Díaz de Mera. La Comisión Europea abogaba por una transferencia que cuotas que supondría «una deslocalización total de las producciones hacia las regiones europeas más rentables», explicó el eurodiputado. La comisión de Agricultura aprobó, además, varias enmiendas de compromiso negociadas por los distintos grupos políticos en las que rechaza las propuestas de la Comisión ya que podrían suponer «una transferencia de empleos y una deslocalización inaceptable de las actividades de producción». Recompra de cuotas El dictamen solicita al Ejecutivo comunitario que examine, a cambio, la introducción de un fondo específico para la recompra de cuotas «que permita a aquellos que lo deseen abandonar el sistema en condiciones decentes, por la venta voluntaria a la Unión Europea de las cuotas a un precio incitativo y degresivo en el tiempo». La reforma del sector deberá garantizar, de cualquier forma, la permanencia de un nivel mínimo de cuotas en cada Estado miembro, señala el dictamen. El texto recoge una enmienda de la delegación española del Partido Popular para que una parte de dicho fondo «o un fondo específico» se destine a compensar a los agricultores que pierdan derechos de suministro y con vistas a reorientar su actividad. El compromiso alcanzado por los eurodiputados «ha sido el mínimo aceptable teniendo en cuenta la presiones de algunos países para que saliera adelante la propuesta de la Comisión Europea, que beneficia a intereses concretos de algunos Estados», destacó la eurodiputada Esther Herranz. Por su parte, Pilar Ayuso, señaló que «el Partido Popular condicionó su voto a que se tuvieran en cuenta los intereses no sólo de la industria, sino también de los remolacheros».