La Junta exige que el Gobierno cifre el traspaso de Picos de Europa en al menos 4,5 millones

El largo proceso mediante el cual el Gobierno transferirá las competencias sobre la gestión de los parques nacionales a las respectivas comunidades se inició el pasado martes en una reunión entre el Ministerio de Medio Ambiente y todas las autonomías en cuyos territorios se ubica alguno de estos espacios. Durante las más de cuatro horas de reunión se puso de manifiesto que una de las grandes peculiaridades que tendrá el proceso de transferencia es precisamente el caso del parque nacional de Picos de Europa, dado que su territorio se extiende a lo largo de tres comunidades. En este punto, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, señaló que Castilla y León espera que la transferencia tenga en cuenta esta singularidad a la hora de determinar la financiación. Así, explicó que la superficie total de Picos de Europa asciende a 64.660 hectáreas, de las cuales 24.719 corresponden a León, 24.560 a Asturias y 15.381, a Cantabria. El número total de trabajadores del Parque asciende a 72, mientras que hay 43 vehículos asignados a las tareas de cuidado y vigilancia del espacio. En cuanto a los datos económicos, el presupuesto de Picos de Europa en el 2004 fue de 4,5 millones de euros, cantidad a la que cada año se suman las subvenciones nacionales destinadas a las zonas de influencia socio-económica de los parques, -que entre los años 1999 y 2003 fueron de unos 2,3 millones de euros al año-, y las inversiones del Estado de carácter singular. Sin embargo, estos dos últimos conceptos no entrarían a formar parte del proceso de transferencia. Por todo ello, Castilla y León espera que la negociación de la transferencia de Picos a la comunidad tenga como punto de partida los 4,5 millones de euros que el Parque tiene como presupuesto cada año. «Esta cantidad inicial no es negociable, nunca podríamos hablar de menos», afirmó Carriedo. Distribución de fondos Por otro lado, Carriedo anunció que las subvenciones a las zonas de influencia socioeconómica serán convocadas por primera vez por las comunidades este mismo año. «Se trata de una transferencia finalista del Estado a las comunidades, por lo que no entraría dentro del proceso de transferencia», explicó.