Coag censura la actitud de la Junta de clausurar explotaciones ganaderas
Los responsables de Coag calificaron de «vergüenza» la actitud de la Junta de Castilla y León en la regularización de explotaciones ganaderas en cascos urbanos, según consta en un comunicado de esta organización agraria recogido por Europa Press. Según recuerda esta organización, desde el pasado 31 de agosto, fecha en la que finalizaba el plazo de alegaciones, no se ha vuelto a tener noticias del estado en el que se encuentra el Decreto que va a establecer el procedimiento para llevar a cabo estas regulaciones. «Dato ya denunciado desde esta organización en infinidad de ocasiones que pone de manifiesto la falta de interés real de la Administración regional de poner solución a este grave problema que afecta a más de 20.000 explotaciones en esta Comunidad Autónoma», denunciaron las mismas fuentes. Según Coag, a este hecho se une la ausencia de reuniones con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, «por lo que se pone en evidencia que la Junta de Castilla y León prefiere seguir con esta actitud sancionadora que ofrecer soluciones reales y eficaces a los ganaderos que ven como, cada vez, se les ponen más trabas a la hora de desarrollar su actividad». Este sindicato asegura que desde el mes de noviembre un importante número ganaderos de Castilla y León están recibiendo resoluciones sancionadoras que rondan los 3.000 euros en muchos de los casos ante la falta de determinados requisitos en su explotación. «Buena parte de estos profesionales están optando por presentar recursos de alzada mientras que otros deciden quitar el ganado, abandonar la actividad, por no poder hacer frente a la sanción dado, además, la situación de crisis que se arrastran los sectores ganaderos en los últimos meses», explica Coag en este comunicado. Considera «absolutamente inoportuno» el envío de las estas resoluciones sancionadoras dado que está abierto el procedimiento administrativo para regularizar explotaciones ganaderas en cascos urbanos. «Esta actuación administrativa viene a agravar la despoblación que sufren los núcleos rurales, el nulo relevo generacional y elimina la posibilidad de que se pueda seguir la actividad ganadera a partir de una explotación familiar», aseguraron las mismas fuentes. Este sindicato critica que desde la administración autonómica en vez de agilizar este proceso de regularización de estas explotaciones para que no se produzcan molestias y apoyar económicamente tanto las medidas correctoras como el traslado de las explotaciones fuera del casco urbano, decida sancionar y clausurar la explotación.