Bruselas inició el pasado verano la investigación por la leche negra

La Comisión Europea (CE) inició en verano del pasado año una investigación por presunto fraude en las cuotas asignadas al sector lácteo español, según confirmó ayer por la mañana el portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Michael Mann. El presidente de la Federación Española de Empresarios Productores de Productos Lácteos, José Antonio Herrero, declaró que en León se vende el 15% fuera de la cuota. Además, León acapara la tercera parte de los 124 controles que se realizan en la comunidad autónoma. El portavoz de la comisaria Mariann Fischer-Boel afirmó que Bruselas tiene «constancia» de que no hay sobreproducción en España «desde hace cuatro años» y precisó que la institución comunitaria «no espera que haya este año» una situación como esta. Sin embargo, añadió que existe una investigación en curso «que empezó el verano pasado» y en la que podría descubrirse este presunto fraude. Un portavoz de la Oficina Europa para Lucha contra el Fraude (OLAF) aseguró minutos después que esta investigación «se inició el año pasado» y que se centra «en la leche negra del sector lechero español». Un asunto de cuotas «Se trata de un problema de cuotas lácteas. No puedo entrar en detalles. La investigación está en curso y lamento no poder decir cuándo acabará», indicó a la prensa española. La ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, afirmó esta mañana que no tenía información de que la OLAF, dependiente de la CE, esté investigando un presunto fraude en el sector lácteo español que ascendería a 900 millones de euros. «No tengo esa información. Hay un tema que está abierto desde hace mucho tiempo que lo conocen y que lo lleva el juez Garzón, pero de esta otro no tengo ninguna otra información», indicó brevemente la ministra a su llegada a la sede del Consejo de la UE, donde hoy se celebra una reunión de ministros de Agricultura de los Veinticinco. La Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (OLAF, dependiente de la CE) abrió un expediente sobre este caso al recibir datos sobre un presunto aumento de la producción en 2,76 millones de toneladas las 6,4 millones de toneladas que se asignó inicialmente a España, lo que equivale a un aumento no autorizado de más del 46%.