El PP presenta una ley que afecta a más de 5.000 ganaderos leoneses

Tras más de dos años de reuniones y trabajos por fin hay un texto que concreta el proceso de regularización al que tendrán que someterse las más de 25.000 explotaciones ganaderas en cascos urbanos que actualmente se encuentran en situación de irregularidad en el conjunto de la autonomía. En la provincia de León se calculan en más de 5.000 los afectados. Si bien hasta ahora se hablaba de un decreto, el grupo parlamentario popular registró ayer en las Cortes una proposición de ley que regularizará, con carácter excepcional y transitorio, a la mayoría de estas granjas alegales y que se espera que reciba el visto bueno del Parlamento autonómico antes del verano. Flexibilización de los límites Como principal novedad, la proposición de ley establece que la regularización de granjas alegales se llevará a cabo en municipios de menos de 2.500 habitantes, lo que supone una ampliación respecto al límite que hasta ahora manejaba la Consejería de Agricultura y Ganadería, que se situaba en menos de 1.000 habitantes. No obstante, la normativa deja en manos de los propios ayuntamientos la decisión de no aplicarse en todo el término municipal o en una parte siempre que las características del municipio así lo justifiquen. De acuerdo con esta flexibilización, el portavoz del grupo parlamenario popular en Agricultura, José Antonio de Miguel Nieto, afirmó que «la gran mayoría» de las explotaciones ganaderas alegales que se contabilizan en la actualidad podrán ser regularizadas. En concreto y una vez que entre en vigor, esta normativa abrirá un plazo de dos años para que los propietarios de granjas ubicadas en núcleos urbanos soliciten a sus respectivos ayuntamientos una licencia ambiental que tendrá vigencia durante 16 años, -renovables sólo en caso de que la explotación obtuviera la correspondiente licencia urbanística-, y que podrá ser transmitida a familiares de primer grado o comunidades de bienes durante su periodo de vigencia. Entre las condiciones mínimas que deben cumplir las granjas para ser regularizadas figura la canalización del sistema de evacuación de los residuos ganaderos que generan, una superficie de instalación acorde con los mínimos establecidos para cada especie ganadera, agua corriente y un correcto sistema de almacenamiento de estiércoles y residuos. Expedientes abiertos En cuanto a los expedientes sancionadores que muchas explotaciones ganaderas de la comunidad ya tienen abiertos, los populares explicaron que «quedarán en suspenso» siempre que los propietarios inicien la tramitación de este proceso de regularización y no se aplicarán una vez se haya obtenido la correspondiente licencia ambiental. En cuanto al proceso, el alcalde del municipio tendrá un plazo de doce meses desde la presentación de la solicitud para resolver y notificar al titular de la explotación la concesión o denegación de la licencia.