Los municipios afectados por la reconversión exigen que las inversiones se queden en las cuencas
Armi pide a la Junta que amplíe en 60 millones la Ley de Actuación Minera
Tanto el PSOE como los alcaldes del PP apoyan las enmiendas al proyecto de la Junta
La Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) consensuó ayer con los procuradores leoneses por el PSOE las enmiendas que presentarán a la Ley de Actuación Minera, que previsiblemente aprobarán las Cortes autonómicas a mediados del mes que viene. Unas enmiendas que también respaldan los alcaldes del PP en los municipios afectados por la reconversión del carbón, según explicó ayer el presidente de Armi, Laudino García, que anunció que el lunes se reunirán con los procuradores populares por León y que confían en mantener un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para exponerle su situación. Armi reclama un mayor presupuesto para la próxima Ley de Actuación Minera, que pase de los 180 millones previstos a los 240; reclama que las inversiones se queden en los municipios que realmente están afectados por la crisis en la actividad minera y sugiere la realización de un listado de proyectos a cuya ejecución se comprometa la Junta, al margen de las consignaciones presupuestarias que cada consejería haga en las zonas mineras. García criticó en primer lugar que a punto de finalizar el primer trimestre del 2005 se esté debatiendo una ley cuyo periodo de vigencia es del 2004 al 2007, por lo que solicitó una ampliación y adecuación del marco temporal de aplicación de este programa de actuación minera. Consideró además insuficiente la cantidad propuesta por el ejecutivo autonómico, 180 millones, porque ya en la ley de actuación anterior se superó este volumen de inversión; y justificó el incremento presupuestario en los beneficios que supone para la Junta el hecho de gestionar un volumen tan importante de dinero como el que suponen las ayudas a la minería. Reclamó igualmente una atención especial a las necesidades de cada municipio afectado por la reconversión, ya que su situación no es la misma; y calificó de «débil» la respuesta que con frecuencia pueden ofrecer los ayuntamientos a las necesidades de sus vecinos. En este sentido, pidió un notable incremento de las ayudas previstas para el hábitat minero, que pasarían de los 18 millones propuestos en el proyecto a 40 millones de euros. Laudino García reclamó también mayor apoyo para aquellos proyectos singulares cuyo ámbito de generación de riqueza va más allá del municipio en el que se desarrollan, especialmente aquellos de comunicaciones y turísticos, para que se apueste claramente por ellos.