Las oficinas de desarrollo impulsan en nueve años más de 2.100 empleos

Las nueve oficinas de desarrollo económico de la Diputación -dependientes de Ipelsa- repartidas por toda la provincia han generado desde su creación en 1998 algo más de 2.100 empleos, además de gestionar también en este periodo un total de 926 proyectos. Por lo que se refiere al informe presentado ayer en el seno del consejo de administración de Ipelsa, durante el 2004 las oficinas trabajaron en 72 proyectos e impulsaron la creación de 235 empleos, además recibieron prácticamente 5.000 visitas y alrededor de 8.800 comunicados. De acuerdo a este documento, el número de proyectos ejecutados de los presentados asciende al medio centenar, en fase de desarrollo se encuentran once, también cinco fueron desestimados y otros seis no desestimados. El presupuesto medio de los ejecutados asciende a cerca de 25.000 euros y el de los englobados en el segundo grupo se acerca a los 213.000. Los del último epígrafe cuentan con un presupuesto medio de 3,9 millones. La oficina de Valencia de Don Juan durante el pasado año constituyó el centro más activo, con la gestión de 16 proyectos, seguida por la de Cistierna con 15 y La Bañeza con 14. En el otro lado de la balanza se sitúan Bembibre y Astorga con sólo un proyecto cada una. En cuanto al número de visitas atendidas en el 2004, la oficina de La Bañeza recibió el mayor número con 1.777, seguida por Astorga con 589. Entre los centros que menos visitantes atendieron se sitúan La Pola de Gordón y Fabero con 233 y 268, respectivamente. Los sectores más consultados en las visitas realizadas se centran, en primer lugar, en la rehabilitación y compra de vivienda, con 1.713 casos, seguidos de los 711 trámites para programa europeos y los 510 de ayudas al autoempleo. Los comunicados enviados fijan como principales destinatarios a las juntas vecinales, con 4.315, seguidas por los emprendedores con 1.716 y los 1.676 de los ayuntamientos. El acuerdo de crear en la provincia una red de oficinas de desarrollo económico se remonta a una decisión plenaria tomada en noviembre de 1995. El objetivo de estos enclaves se centra en generar un elemento dinamizador y de desarrollo en cuencas mineras y zonas agroganaderas, aprovechando sus propios recursos.