San Andrés, León y Ponferrada recibirán de la Junta más de 3 millones en obras Los opositores exigen que sea ratificado por el Gobierno central
Quince ayuntamientos se beneficiarán de ayudas por 7,2 millones de euros correspondientes al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, en el que entra por primera vez el de la localidad castellana de Laguna de Duero y que servirá para acometer 38 obras de servicios básicos municipales. Este fondo, dotado con 400.000 euros más que en 2004, tiene como fines contribuir a la financiación de las necesidades prioritarias de los Ayuntamientos en servicios municipales obligatorios y de interés comunitario local, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, según datos de la consejería de Presidencia conocidos y recogidos pro Efe. Los municipios que recibirán estas ayudas son las nueve capitales de provincia junto con Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos; Ponferrada y San Andrés de Rabanedo, en León; y Medina del Campo y Laguna de Duero en Valladolid para urbanización de calles, accesos a servicios básicos, pavimentación de calles, alumbrado y centros cívicos. Las ayudas, que se destinan a los municipios de más de 20.000 habitantes de la comunidad, que deben cofinanciar los proyectos y que aportarán para estas 38 obras, en total otros 3,1 millones de euros, por lo que la inversión final será de 10,3 millones. El Ayuntamiento de Avila realizará dos obras de urbanización y asfaltado que contarán con una ayuda de la Junta de 409.081 euros sobre un coste total de 584.402. En Burgos son seis los proyectos que se acometerán por más de dos millones de euros, de urbanización y colectores principalmente, de los que dos los realizará el Consistorio de Aranda, cuatro en Miranda y tres el de la capital castellana, que recibirán una subvención de la administración autonómica con cargo a este fondo por 1,4 millones. Los abogados de la plataforma municipal que se opone a la construcción del tendido eléctrico que atravesaría la vertiente leonesa de los Picos de Europa valoraron ayer el acuerdo de modificación de trazado anunciado por los Gobiernos asturiano y de Castilla y León, aunque demandaron una ratificación gubernamental. Los juristas Carolina Franco y Carlos González-Antón, responsables del gabinete de Ecourban Consultores, aprecieron la importancia de la disposición del Ejecutivo de Asturias a variar el trazado de la línea, pero puntualizaron que la decisión final recae sobre el Gobierno central, por lo que reclamaron un pronunciamiento de la Administración que ratifique el acuerdo.