El municipio de Valverde contará con un albergue para peregrinos con treinta plazas en San Miguel Guada afirma ahora que sí harán empadronamientos por omisión

El municipio de Valverde de La Virgen contará con un albergue de peregrinos, cuya sede estará en la localidad de San Miguel del Camino. Así fue aprobado recientemente en Pleno con un presupuesto que supera los 100.000 euros. Esta infraestructura -con capacidad para 30 personas- pretende dar respuesta a la demanda de los peregrinos de paso que realizan la Ruta Jacobea. Las obras serán financiadas por la Diputación, la Junta y el Ministerio de Cultura. Por su parte, el Ayuntamiento de Valverde y la Junta Vecinal de San Miguel aportan las instalaciones y los terrenos y 12.000 euros del presupuesto. En la misma sesión plenaria, la Corporación acordó la inclusión de la Policía Local de Valverde y Protección Civil en el dispositivo de emergencias 112 de la Junta, con el fin de que estos efectivos «puedan personarse de forma inmediata y coordinada y con los medios necesarios para resolver la situación presentada». También se dio luz verde a la constitución de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y su reglamento. Renovación de aceras Por otra parte, el Pleno refrendó el proyecto para la renovación del abastecimiento de aguas y aceras en las localidades de La Virgen del Camino y San Miguel. La obra se halla incluida dentro del Plan Operativo Local de la Diputación y cuenta con un presupuesto de 190.000 euros para el 2005. En La Virgen del Camino las calles beneficiadas serán: San Luis, Órbigo, Zamora y Valdemulo. En San Miguel del Camino habrá obras en las calles La Fuente y sus travesías y en La Rúa. También el Pleno dio luz verde al estudio informativo de la carretera entre Montejos del Camino y Valverde para enlazar con la N-120. El Ayuntamiento de León expedirá, a partir de la próxima semana, certificaciones de padrón a aquellos inmigrantes que lo soliciten para acreditar su residencia anterior al 8 de agosto de 2004 y poder acogerse así al proceso de regularización de inmigrantes diseñado por el Gobierno. De esta manera, el Ayuntamiento se retracta de lo anunciado el viernes, cuando la concejala de Bienestar Social, aseguraba que sólo expediría estos documentos si el Ministerio de Asuntos Sociales lo dictaba en una ley. Tras las quejas de algunos inmigrantes que no se habían empadronado y que, sin embargo, residían en España desde antes de la fecha fijada por el Gobierno, desde el ministerio se solicitó a los ayuntamientos que facilitaran determinados documentos públicos que confirmen su residencia en España antes del 8 de agosto del año pasado. Desde Madrid se informó por Fax a última hora de la mañana del viernes de la resolución del INE. La concejala Ana Guada considera este hecho «un paso atrás en las pretensiones iniciales del Gobierno de hacer recaer en los ayuntamientos la responsabilidad de revisar las fechas de alta en el padrón municipal, mediante el procedimiento de alta por omisión». Recapacitación La edil popular explica que las quejas de los consistorios «han hecho recapacitar al Gobierno, de manera que la fecha de inscripción patronal seguirá la solicitud de alta real». Además, Guada comenta que desde el Ministerio de Asuntos Sociales se anunció que sería un órgano competente de esta entidad el que resolvería la validez o no de los documentos aportados por los inmigrantes dentro del proceso de normalización que finaliza el próximo 7 de mayo. Hasta esta fecha, El Ayuntamiento de León certificará las solicitudes que se refieran a inscripciones padronales, efectuadas después del 8 de agosto. Estos documentos, según la edil de Bienestar Social, responderán al modelo de solicitud elaborado por el Gobierno y al que el interesado deberá adjuntar una fotocopia de alguno de los documentos que figuran en el ingreso. Política de improvisación Ana Guada insiste en que esta última modificación responde a una «política de improvisación del Gobierno socialista ante los bajos índices de solicitudes de regularización tramitadas hasta la fecha». Según la concejala, «el PP comparte el objetivo de este tipo de procesos con el fin de que aflore la economía sumergida que se esconde detrás de la inmigración ilegal», pero exige de la administración central una mayor seriedad a la hora de fijar mecanismos estables que contribuyan a erradicar este fenómeno social.