Los sindicatos critican las posturas conservadoras y la resistencia a la regularización de los inmigrantes

Entre 700 y 800 inmigrantes regularizarán su situación en la provincia según las estimaciones de la comisión de seguimiento que vela por el correcto desarrollo del proceso, según anunció ayer el subdelegado de Gobierno en León, Francisco Álvarez. El representante del Gobierno en la provincia enfatizó especialmente la necesidad de alejar de la opinión pública la teoría de que las últimas decisiones en esta materia sean «una alegría gubernativa. Todo está perfectamente legislado, se ha consensuado con todas las partes implicadas y no va a provocar en ningún caso el colapso que se ha dejado entrever en algunas opiniones» insistió. Se refería Francisco Álvarez a la polémica suscitada en diferentes corrientes de opinión, contrarias a la posibilidad de aceptar el empadronamiento por omisión para aquellos inmigrantes que, sin haber cubierto el trámite antes del 8 de agosto, han podido acreditar que ya residían en España a través de los documentos alternativos sugeridos por el ministerio, como solicitudes de empadronamiento no resueltas, solicitud de escolarización de menores debidamente registrada, alta laboral en la Seguridad Social o solicitud de asilo. Más tajante resultó el secretario general de Comisiones Obreras en la provincia, Ignacio Fernández: «Yo sé que, por su posición, el subdelegado no puede expresarse como yo, pero quiero que quede claro que la decisión ha sido compartida por sindicatos y empresarios, y que resulta indignante escuchar a algún concejal (en referencia a las últimas manifestaciones de la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Ana Guada) que diga que el Gobierno está llamando alegremente a la llegada de más inmigrantes».