El Supremo retomará los casos con nuevas pruebas que desmonten la firmeza de las sentencias
La fiscalía abre la opción de revisar más de 7.000 juicios del franquismo
Los expedientes de los consejos de guerra de León se guardan en el archivo militar de Ferrol Jurist
La Fiscalía General del Estado ha decidido que compete a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la «revisión individualizada» de los procesos militares desarrollados durante el régimen de Franco, pero sólo en aquellos casos en los que existan pruebas relevantes que no pudieron ser valoradas en el momento de enjuiciar esos hechos y que hagan decaer la firmeza de una sentencia. Fuentes de este institución indicaron que el fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, solicitó un informe al fiscal jefe de lo militar para resolver la vertiente jurídica de un procedimiento «de naturaleza extraordinaria», quien se mostró partidario de otorgar la competencia de estos procesos a la citada Sala Militar frente a la de lo Penal. No se pretende -advierten desde la fiscalía- realizar una revisión con carácter general de todos los juicios, penales o militares, celebrados en un periodo de 40 años. Según los trabajos del investigador leonés José Antonio Landera, en León se celebraron más de 7.000 causas judiciales, cuyos expedientes se encuentran guardados en el Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, en Ferrol. El escritor explica que en cada causa fue ajusticiada, al menos, una persona, aunque en la revisión de los papeles se han hallado expedientes con más de 50 personas juzgadas. El PSOE, durante la última etapa de Aznar como presidente del Gobierno, solicitó infructuosamente la anulación testimonial de los juicios sumarísimos. Los consejos de guerra, tal y como explica en su libro León bajo la dictadura franquista el historiador leonés Javier Rodríguez, fueron casi siempre colectivos, sobre todo hasta 1942. Una vez que los procesados estaban en la sala, amarrados de dos en dos, vigilados por guardias civiles y falangistas, el tribunal ocupaba el estrado y comenzaba aquel acto que ya tenía un desenlace más que previsto. Estos juicios sumarísimos no desarrollaban labor probatoria alguna, sino que las denuncias o informes se consideraban incuestionables. La posibilidad de revisar los procesos y sentencias era casi nula, de manera que la ejecución ocurría a los pocos días de la condena. De esta manera fueron juzgados y fusiladas en Puente Castro las autoridades republicanas más importantes de León, entre ellos el alcalde de la capital, Miguel Castaño, o el gobernador civil.